Escribe: Pedro Morales Mansilla

LXIV aniversario de la fundación de Acción Popular | Fernando Belaunde | Pedro Morales Mansilla | | Política | La República

 

En regiones, el entusiasmo se mezcla con la desconfianza. Las mesas técnicas y anuncios sin cronograma solo profundizan la distancia entre la solución y la promesa.

Al momento de escribir este artículo, transcurrieron 44 días desde que el congresista José Jerí, asumió la presidencia del gobierno de transición que, a vista de hechos, es un gobierno atrapado entre la necesidad de legitimidad y la tentación del espectáculo. Sus primeras 6 semanas han estado marcadas por una cadena de actos efectistas y declaraciones que intentan proyectar liderazgo, pero hasta ahora no se traducen en resultados concretos. Los estados de emergencia, no disminuyen la criminalidad, principal reto que se planteó. Mantenerlos “hasta que limpiemos el país”, es discutible.

Es evidente que tiene una obsesión o delirio pensando en unas próximas elecciones, no es necesario ser perspicaz para darse cuenta. El estilo, más que el contenido, ha sido el eje de su gestión que luce desesperado afán en construir una imagen política potable a futuro, objetivo por el que viene protagonizando y enlazando una cadena de shows incompatibles con la seriedad y nivel del cargo que por azar del destino viene ejerciendo, priorizando su actuar en hacer notar la diferencia de estilos con su antecesora Dina Boluarte.

En su delirio por una buena imagen, ha incluido “tres meses de viajes al interior del país”, como si en los seis meses de poder real que le quedan, va a poder solucionar los tremendos problemas que le plantearan en las visitas; más, si el Presupuesto 2026 en debate, ya ha determinado montos y fuentes de financiamiento y además, ha “dictado” un plan de austeridad definitivamente endeble por inequitativo y que suena a burla por la “feliz Navidad de S/.46,9OO” para los miembros del Congreso que, dentro del marco constitucional, lo designó para presidir la transición.

Sin duda, tiene derecho a construirse la imagen que desee, pero no es ético que lo haga con dineros públicos y usando los resortes del poder transitorio que no solo le financia los viajes; sino que, le pone a disposición la logística pública y burócratas ayayeros que nunca faltan. Mientras, sus compromisos de guerra contra la delincuencia y de garantizar neutralidad y transparencia en las elecciones, todavía son compromisos, pues ni siquiera ha pedido al Congreso que, en acto de ética y neutralidad, suspenda la llamada Semana de Representación que, todos -pero menos ONPE- saben que es utilizada para hacer proselitismo electorero.

En concreto, lo que prioriza es hacerse conocido con miras políticas a futuro. Le resulta fácil, aunque sea desvergonzado, “adelantar su campaña” con dinero público, al estilo de la mala costumbre que se practica y se ha “legalizado” eximiéndose de la neutralidad política en el peor Congreso de nuestra historia republicana, según observadores y analistas nacionales e internacionales, cuyas apreciaciones están en diferentes medios. 

El espejo de los consejos descentralizados

Cumpliendo su estrategia itinerante, el sábado 15 de nov. visitó Huancayo, dizque para entregar patrulleros, “poner la primera piedra” a un proyecto de sospechoso costo y presidir reuniones que nos recuerda los Consejos de Ministros Descentralizados del expresidente Castillo y su premier Torres. Encuentros, también transmitidos en vivo y repletos de arengas, presentados como símbolos de descentralización, que terminaron siendo ejercicios de propaganda sin impacto administrativo.

Hoy, la historia se repite: reuniones públicas, anuncios improvisados y poca capacidad de ejecución. Jerí ha reemplazado el tono sindical de Castillo por un lenguaje de “orden y control”, pero la lógica del espectáculo es la misma, convierte cada visita en un acto de presencia política.

Entre la popularidad inicial y las grietas de la gestión

Los sondeos iniciales le dan alrededor de 45 % de aprobación, cifra alentadora para un gobierno de transición. Sin embargo, esa popularidad reposa más en la expectativa que en los resultados. El país sigue sin una hoja clara de ruta económica ante la informalidad e ilegalidad, sin metas verificables de inversión pública y sin un plan integral de seguridad que hasta el momento lo más saltante, son los estados de emergencia.

En regiones, el entusiasmo se mezcla con la desconfianza. Las mesas técnicas y anuncios sin cronograma solo profundizan la distancia entre la solución y la promesa.

Las sombras del pasado legislativo

El principal flanco de debilidad del presidente está en su propio historial parlamentario. Como miembro y presidente del Congreso, Jerí respaldó o promovió normas severamente cuestionadas por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones ciudadanas. Entre ellas: Ley 31990, que limita la colaboración eficaz, herramienta clave en casos de corrupción y crimen organizado. Ley 32108, que complica las investigaciones contra organizaciones criminales. Ley 32054, que reduce la responsabilidad penal de los partidos políticos. Ley 32326, que restringe la extinción de dominio de bienes obtenidos ilícitamente.

Normas —conocidas como “paquete pro impunidad”— debilitaron el sistema judicial y beneficiaron a políticos y empresarios investigados. Resulta contradictorio que quien ahora se presenta como adalid de la seguridad haya contribuido a desarmar los instrumentos legales para combatir el delito y hasta estos momentos na ha presentado iniciativas del Ejecutivo para derogarlas.

Gastos en Palacio y contradicciones del discurso

Mientras exige austeridad al Estado, el Despacho Presidencial gastó más de S/169, 000 en alimentos y atenciones protocolares durante su primer mes de gestión. En paralelo, el Congreso —institución que presidió— mantiene presupuestos de más de S/800 millones anuales para planillas y beneficios administrativos y su incremento presupuestal para el 2026, no tienen parangón en la historia parlamentaria.

La contradicción es evidente: un discurso de sacrificio nacional acompañado de una práctica de privilegios y derroche. 

Lima, 23 de noviembre de 2025.