OPINIÓN/ La injusticia de la justicia en el Perú

Escribe: César David Gallo Lale

Teniente General FAP

Recuerdo histórico de 30 años respecto al legado político, institucional y de gobierno inmoral y de la más aberrante cobardía peruana

 

La Ley de Amnistía N.º 26479 fue promulgada en el Perú el 14 de junio de 1995. Esta concedió amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa por los llamados “excesos” cometidos en la lucha contra el terrorismo.

Dicha ley generó gran controversia, al ser considerada por algunos como una norma de impunidad que afectaba los derechos de las víctimas (los terroristas), mientras que para otros representaba un acto de justicia y reparación hacia quienes combatieron el terrorismo (las Fuerzas Armadas, la Policía y los Comités de Autodefensa).

La norma fue derogada implícitamente en marzo del año 2001, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y su ministro de Justicia, el eterno comunista Diego García Sayán, bajo el argumento de supuestas violaciones a los derechos humanos. Estos, sin embargo, parecieran regir únicamente para los terroristas que exterminaron a más de 30,000 peruanos entre civiles y militares, pero no para las víctimas ni para los defensores del Estado de derecho y la democracia, quienes no gozaron ni gozan de los mismos derechos humanos.

La recientemente promulgada Ley N.º 32419 nuevamente concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por hechos ocurridos entre 1980 y 2000. Durante este periodo, más de 600 efectivos de las FFAA, PNP y ronderos han permanecido privados de libertad por más de 25 años, mientras que, en el mismo lapso, se indultó y otorgó beneficios penitenciarios a más de 1,600 terroristas.

Aquí es donde la reflexión se vuelve más dura y, temo, más certera: “la soledad de los procesados”. La indiferencia de los mandos activos de las FFAA y la PNP es un lamento constante y justificado. La supuesta lealtad y espíritu de cuerpo no se ha manifestado institucionalmente hacia sus “caídos”, dejando a los combatientes antiterroristas abandonados a su suerte y a la persecución sin misericordia de las hordas criminales y de un sistema judicial controlado por rojos y caviares prevaricadores, que dominan la fiscalía y la justicia en el Perú desde hace mucho tiempo.

A ello se suma la traición de muchos civiles, que pasaron de homenajear a sus “salvadores” a tildarlos de “terroristas de Estado” o, simplemente, a ignorarlos por conveniencia política. Este ha sido uno de los dolores más profundos del Perú, y aún perdura.

Si bien el espectro político peruano tiene dinámicas diversas, muchos políticos y líderes civiles que se beneficiaron de la pacificación y la derrota del terrorismo, luego guardaron silencio o no brindaron un respaldo político ni legal efectivo a los combatientes enjuiciados por supuestos abusos. La cobardía se manifestó en la ausencia total de apoyo hacia quienes defendieron la democracia, sin contextualizar el conflicto. El cálculo político prevaleció sobre la lealtad a quienes detuvieron el terrorismo.

En el Perú, el absurdo no radica tanto en la ficción del “secuestro”, sino en la dificultad para diferenciar entre la acción antiterrorista legítima y el exceso o violación de derechos humanos. En las FFAA y la PNP sabemos que los jueces y fiscales de la posguerra no consideran el contexto de guerra irregular y brutal, ni la amenaza terrorista real.

Aplican criterios que impiden, por ejemplo, otorgar beneficios penitenciarios (como la semilibertad o la libertad condicional), tratándolos con el mismo rigor o incluso con más severidad que a los terroristas y delincuentes comunes. Son juzgados como “criminales de lesa humanidad”, sin pruebas contundentes que distingan sus actos de la defensa nacional.

El campo de batalla del miedo, dominado por el poder de la extrema izquierda, se expresa en la hegemonía de la narrativa de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). En el Perú, el poder de la injusticia radica en la dominación del relato histórico sobre el conflicto, fuertemente influenciado por el informe final de la CVR.

El miedo se traduce en temor al estigma político y mediático de ser catalogado como “defensor de criminales”. Quienes critican los procesos judiciales o el informe de la CVR son rápidamente marginados o atacados, generando una parálisis política. La “corrección política” impone silencio sobre la defensa de los combatientes que defendieron y murieron por la democracia, y muchos de ellos aún permanecen presos.

En resumen, la reciente ley de amnistía llega tras 25 años de un actuar aberrante, cobarde, traidor y denigrante del Estado, de los diez gobiernos que ha tenido el país en este periodo todos corruptos y uno genocida aún impune, como Martín Vizcarra; de un poder judicial que opera como brazo legal del comunismo para destruir a los adversarios de su ideología totalitaria; y de una ciudadanía que clama por protección ante la delincuencia, pero da la espalda a quienes expusieron y aún exponen sus vidas por defenderla.

Hoy, nuevamente, muchos impugnan esta tercera ley de amnistía en los últimos 30 años, recordándonos que seguimos celebrando la inmundicia moral en la que hemos sumido nuestros valores y principios.

¿Será que somos un país de indignos o solo cobardes e inmorales frente a la verdad y la realidad? No los escucho, compatriotas. Triste y pobre es la realidad del espíritu de nuestros ciudadanos. ¡Pobre Perú, si seguimos así!

¡ESTAMOS ADVERTIDOS!

¡COMUNISMO Y TERRORISMO, NUNCA MÁS EN EL PERÚ!