OPINIÓN/ La masacre de Pataz y el Estado fallido en el Perú

(El Montonero).- La masacre de 13 trabajadores de R&R, una pequeña empresa que presta servicios a la minera Poderosa, marca un antes y un después en la lucha contra la minería ilegal. La ejecución de los trabajadores fue filmada con el claro objetivo de dejar un registro que desate el terror en todos los sectores dedicados a la minería formal en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, tal como lo hacen todas organizaciones terroristas del planeta bajo el imperio de la revolución de las telecomunicaciones.

Sin acción del Estado la minería ilegal destruirá la democracia

La noticia ha dado la vuelta al mundo y ha sacudido a todos los peruanos de buena voluntad. La pregunta que surge es, ¿qué va a suceder si el gobierno de Dina Boluarte pretende seguir sacando el cuerpo, como se dice, del problema? ¿Qué va suceder si los congresistas siguen silbando con las manos en los bolsillos y continúan prorrogando para las calendas griegas la vigencia del Reinfo, un sistema que brinda ciertas exoneraciones penales a las actividades de minería ilegal?

Si el Estado, el Ejecutivo, el Congreso y las instituciones civiles y militares renuncian a asumir su responsabilidad en el problema no cabe la menor duda de que se habrá dado un paso en la organización de un Estado fallido, tal como sucedía en los años ochenta. La falta de respuesta del Estado y las instituciones del Estado de derecho comunicará a todo el mundo criminal del planeta, incluyendo cárteles y organizaciones terroristas, que el oro del Perú es accesible porque no hay un Estado ni un Ejecutivo que decida enfrentar el problema. Y entonces se multiplicarán decenas de Pataz y el Estado habrá perdido el monopolio de la violencia y se quebrará todo el sistema de derechos de propiedad.

En ese contexto, el Perú se balcanizará, con el desarrollo de zonas liberadas de la Constitución y las leyes; zonas controladas por aparatos militares que ejecutarán a quienes se les opongan y defiendan sus derechos de propiedad. Si en el gobierno de Dina Boluarte se cree que se puede evitar el costo social de la intervención en Pataz hay un terrible error. El costo social y político de negarse a actuar será inconmensurablemente mayor y puede terminar con la propia administración en curso.

Vale recordar que en los años ochenta en el Perú se configuró un Estado fallido, inviable; un Estado que había perdido el monopolio de la violencia ante las zonas liberadas desarrolladas por el comunismo terrorista de Sendero Luminoso y el narcotráfico. Un Estado fallido que también había perdido el control de la moneda ante el derrumbe del modelo de sustitución de importaciones y la hiperinflación. En ese entonces, ante el avance terrorista que llegó a controlar una tercera parte del país, en los Estados Unidos se llegó a hablar de la posibilidad de fragmentar el Perú en tres grandes regiones; una por el norte, otra por el sur y una anclada en el centro y los Andes. El objetivo era desgajar territorialmente al país para evitar un estado polpotiano en los Andes que amenazara la estabilidad de América del Sur.

Semejantes proyecciones apocalípticas para el futuro del país nacían de la existencia de un Estado fallido en los ochenta, que volvía inviable la continuidad de la peruanidad. ¿Estamos dispuestos a que se vuelva a repetir semejante situación? De ninguna manera.

Es hora de entender que las inacciones del gobierno, de las instituciones de justicia, de las fuerzas armadas, de la policía nacional del Perú (PNP) no tienen efectos solo para el presente, sino que, sobre todo, comprometen el futuro del Perú en el mediano y largo plazo. El país tiene todas las herramientas constitucionales y legales, tiene todos los recursos, para acabar con la virtual guerra civil que ha desatado el crimen organizado en Pataz en contra de las actividades mineras formales.

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