OPINIÓN/ Ley 32123: La lucha de los jóvenes por la justicia previsional

Escribe:  Carlos Jaico

 

 

Lo que nació como indignación frente a una norma previsional puede convertirse en una auténtica cruzada generacional, capaz de redefinir la relación entre el Estado y la juventud peruana

 

El artículo 11 de la Constitución establece que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, “a través de entidades públicas, privadas o mixtas”. El mandato constitucional no se limita a asegurar la existencia de un sistema, sino que exige que este garantice pensiones dignas, en armonía con el principio de protección social que se desprende del artículo 1, que reconoce a la persona como fin supremo de la sociedad y del Estado. La seguridad social, en este marco, es un derecho fundamental y no un simple mecanismo financiero.

En ese sentido, la promulgación de la Ley 32123, presentada como la gran modernización del sistema previsional, ha terminado encendiendo la chispa que pocos esperaban: los jóvenes han salido a las calles, rechazando un modelo económico que sienten les cierra el futuro. Lo que el Gobierno y Congreso anunciaron como un avance hacia un “sistema integral de pensiones” ha sido percibido como un mecanismo de control que obliga a afiliarse desde los 18 años, limita el derecho a disponer de los propios fondos y condena a pensiones que, según cifras del Instituto Peruano de Economía, apenas alcanzan el 39 % del salario promedio, una de las tasas de reemplazo más bajas de América Latina y muy lejos del 70 % recomendado por la OCDE.

Las encuestas lo confirman: un estudio del IEP muestra que el 61 % de los afiliados apoya un nuevo retiro de AFP, porcentaje que sube a 67 % entre quienes tienen entre 25 y 39 años. Es decir, los principales opositores a esta reforma son precisamente los jóvenes quienes deberán sostenerla durante las próximas décadas. No es casual que en las marchas de Lima, Piura, Arequipa, Trujillo o Puno las pancartas estuvieran en manos de estudiantes, trabajadores e independientes precarios. Para ellos, esta es una discusión existencial con tono de resistencia generacional: sienten que el Estado les ha impuesto un contrato de por vida sin posibilidad de elegir.

El impacto político es innegable. Los congresistas que defendieron la Ley 32123 enfrentarán un severo voto de castigo en 2026. Y los partidos que no ofrezcan una reforma real al sistema previsional se encontrarán con una ciudadanía exigente y movilizada. La seguridad social, tradicionalmente un tema relegado a los especialistas, se ha convertido en bandera electoral y en símbolo de dignidad. El retiro de las 4 UIT, ya no se discute como un favor del gobierno, sino como un derecho conquistado por los jóvenes.

El 2026 se acerca con un electorado joven más crítico, más conectado y menos dispuesto a tolerar arreglos que atenten contra sus legítimos intereses. Lo que nació como indignación frente a una norma previsional puede convertirse en una auténtica cruzada generacional, capaz de redefinir la relación entre el Estado y la juventud peruana. El mensaje generacional es inequívoco: no aceptarán un sistema que niegue pensiones justas ni restrinja su libertad de elegir. En ese horizonte, la Ley 32123 podría marcar un punto de inflexión. Si la protesta persiste y logra consolidarse, el país podría entrar en una nueva etapa de movilización ciudadana, con los jóvenes erigiéndose en la fuerza política más decisiva del futuro inmediato.