OPINIÓN/ ¿Nadie sabe para quién trabaja?

Escribe: César David Gallo Lale

Tte. Gral. FAP

¡El colmo de los colmos!

Recientemente hemos tenido en el Perú experiencias que jamás hubiéramos imaginado. Nunca pensamos que podrían ocurrir hechos como la huida de Bettsy Chávez a la residencia de la Embajada de México, con el fin de tramitar su asilo político ante la República Federal de México, consolidando así lo que, aparentemente, había planeado desde que se encontraba en prisión preventiva por haber participado en el intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

Desde esa fecha hasta hoy, ha ocurrido una serie de eventos que una nación democrática como el Perú no debería soportar ni permitir, como si el Servicio de Inteligencia, el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Cancillería e incluso el Tribunal Constitucional no existieran.

Ahí están los casos de la huida de Juan Silva Villegas, exministro de Transportes de Pedro Castillo, quien fugó a Venezuela en 2022; de Vladimir Cerrón, cuyo paradero se desconoce desde hace más de dos años, tras evadir una sentencia de prisión preventiva por 24 meses por lavado de activos y otros delitos; y del asilo concedido a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, quien reside en un barrio residencial de México desde diciembre de 2022 con un sueldo mensual de 10,000 dólares.

Posteriormente, tenemos el caso de Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, y de su hijo Samin, quienes huyeron a la República Federativa de Brasil y solicitaron asilo tras confirmarse la sentencia de 15 años impuesta por el Poder Judicial debido a los aportes ilícitos de la empresa Odebrecht.

A esto se suma ahora la ex primera ministra de Pedro Castillo, Bettsy Chávez, cuya acción ha provocado la ruptura de las relaciones diplomáticas con México a través de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, no solo fueron Andrés Manuel López Obrador y la esposa de Pedro Castillo quienes intervinieron, sino que ahora ambos, junto con la actual presidente mexicana, intentan convertir a los autores del fallido golpe en víctimas. Curiosamente, todo sigue igual en materia consular y en las relaciones normales entre peruanos y mexicanos.

El canciller del Perú, Hugo de Zela, ha manifestado que México está creando una realidad paralela sobre lo ocurrido con el intento de golpe de Estado y cierre del Congreso en 2022, tergiversando los hechos y afectando la imagen del Estado peruano a nivel internacional.

Todo parece hilvanado y coherente con el accionar del comunismo internacional del siglo XXI, la anarquía y el caos promovidos por la izquierda nacional y el sector caviar autóctono. A ello se suma la acción permanente del embajador de Cuba en el Perú, “El Gallo Zamora”, y de su esposa, ambos expertos en desestabilizar Estados promoviendo el caos social, especialmente en contextos cercanos a procesos electorales.

También se observa un Ministerio Público infiltrado por comunistas y caviares, con fiscales y jueces controvertidos y, en muchos casos, sometidos indirectamente al IDL; un Servicio de Inteligencia incapaz de prever o anticipar ataques contra el país y su democracia; y una PNP que no actúa con prevención ante hechos que todos saben o intuyen que sucederán… y que, efectivamente, suceden sin consecuencias.

Ni hablar de la inseguridad ciudadana, los delitos conexos que crecen día a día, la minería ilegal con centros de operaciones en Trujillo, Cusco y Puno, el narcotráfico en la selva, y las situaciones especiales entre Colombia y Venezuela, países con tantos intereses sobre el Perú.     ¡Qué es esto! ¿Cuándo va a parar?

Por ello, es urgente que el presidente del Perú, José Jerí Oré, adopte medidas contundentes y radicales para detener estos desmanes y darle al país un nuevo rostro, promoviendo el cambio que la sociedad necesita para vivir mejor. Es fundamental, además, comunicar internacionalmente las acciones inmediatas y los cambios que este gobierno está implementando, especialmente porque estamos próximos a elecciones generales. Se insiste en la necesidad de formar un Comité Especial de Administración de Crisis.

El Ejecutivo cuenta con profesionales altamente capacitados en todos los campos, y dicho comité debe estar presidido por el propio Presidente de la República e integrado por el Primer Ministro, el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Jefe de la DINI, el Ministro de Relaciones Exteriores, los ministros del Interior y de Defensa, el Jefe del Comando Conjunto y los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Este comité debe dictar pautas claras y establecer un sistema de seguimiento y control de las disposiciones emitidas, con el fin de garantizar resultados concretos en todos los ámbitos que requieren acciones urgentes.

No se puede permitir que ahora Martín Vizcarra también intente huir y pedir asilo, al igual que Susana Villarán u otros procesados. Además, no es lícito conceder asilo a personas que estén siendo procesadas judicialmente. Se considera, asimismo, que debe negarse el salvoconducto a Bettsy Chávez y denunciar al Gobierno Mexicano ante la Corte Interamericana de Justicia de la ONU.

Debe disponerse la captura inmediata de Vladimir Cerrón y reestructurarse por completo el Poder Judicial, especialmente el Ministerio Público, para eliminar la influencia del IDL y de las corrientes comunistas que hoy lo controlan.

De igual modo, se debe insistir en el retiro del Perú de la CIDH–OEA y en la expulsión del embajador de Cuba, debido al tiempo que lleva en funciones y a los antecedentes que se conocen sobre su accionar.

Es imprescindible actuar con inteligencia y eficiencia para combatir el terrorismo, la criminalidad, la extorsión, el secuestro y el sicariato, imponiendo penas máximas a quienes recurran a la violencia, usen armas u oculten su identidad, destruyan propiedad pública o privada, obstruyan el libre tránsito en ciudades o carreteras, o generen desmanes y destrucción.

La nueva estrategia y táctica para enfrentar el crimen debe sorprender a los delincuentes mediante acciones concertadas, concluyentes, diligentes y precisas entre las fiscalías y la PNP.

Si el presidente José Jerí Oré no toma medidas rápidas y firmes, el Perú quedará a la deriva, a merced de intereses ajenos y sin rumbo. Su paso por el gobierno no habrá servido de nada.

¡Pobre Perú, si continuamos por la senda actual!

¡ESTAMOS ADVERTIDOS!

¡COMUNISMO Y TERRORISMO, NUNCA MÁS EN EL PERÚ!