OPINIÓN/ CADE: Seguridad jurídica y justicia: ¿Para cuándo?
Escribe: Aníbal Quiroga León (*)
El punto principal de partida: ya no se puede hablar sólo del Poder Judicial o del Ministerio Público. Es un problema sistémico. Del sistema de administración de justicia en sus distintas facetas
El capítulo titulado “Seguridad jurídica y justicia para los peruanos. ¿Para cuándo?” enuncia por sí solo la problemática.
Sabido es como valor absoluto que en la actualidad nuestro sistema de justicia ha colapsado: inseguridad jurídica, dilación insoportable, falta de meritocracia, provisionalidad, insatisfacción social, pérdida económica y fracaso en la adecuada represión de la criminalidad.
El punto principal de partida: ya no se puede hablar sólo del Poder Judicial o del Ministerio Público. Es un problema sistémico. Del sistema de administración de justicia en sus distintas facetas: Academia de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, entre otros. Parecería que solo se salva el Tribunal Constitucional. Verdadera trinchera en la protección de los derechos fundamentales y de una actualizada interpretación constitucional.
La verdad es que el sistema de justicia siempre ha sido la “cenicienta” del Estado. Preterido, postrado, sojuzgado, capturado por el poder político de turno (o por los “poderes fácticos”). Hace años que las bibliotecas rebosan de análisis, diagnósticos, estudios e investigaciones de todo orden, tamaño, calidad y color. Sin embargo, poco o ningún cambio se ha logrado.
Se podría decir sin exageración que en el Perú la justicia nació en crisis y jamás ha salido de esa zanja. El poder político, y los poderes fácticos, no le dejan salir. Quizás el inicio de la profunda crisis en la era actual data de los ’70 con la creación del Consejo Nacional de Justicia en los primeros tiempos de la dictadura militar de Velasco Alvarado. Y de allí en adelante.
La Carta del ‘79 le “garantizó” al Poder Judicial un presupuesto no menor del 2% de los gastos corrientes. Nunca se cumplió. La Carta del ‘93 suprimió eso. Por un efecto espejo de lo mismo sufre el Ministerio Público. En los ‘85 se tocó fondo cuando a los jueces y fiscales se les pagaba sus magros sueldos con cheques sin fondos del Banco de la Nación. El día de pago no había atención judicial ni fiscal, pues todos pugnaban por ser pagados. Luego vinieron -en democracia y en dictadura- las razzias generalizadas con las temidas “ratificaciones masivas”.
Tres son problemas álgidos que se debe afrontar imperativamente:
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La meritocracia y adecuada captación de jueces y fiscales. Eliminada la decisión presidencial en la designación, se la confió a un panel de académicos en el Consejo Nacional de la Magistratura. Los poderes fácticos terminaron capturándole y el experimento colapsó con severas acusaciones de corruptelas y exámenes a los postulantes acerca del “ceviche de pato”.
Instalada la Junta Nacional de Justicia, tampoco funcionó. Enfrascados en luchas fratricidas, con la obsesiva ojeriza por destituir a una Fiscal de la Nación, abandonaron por completo el mandato constitucional de seleccionar y nombrar a los mejores jueces y fiscales para el país.
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La altísima provisionalidad. Como consecuencia de lo anterior y por una perversión del sistema, tenemos 30 años con “magistrados provisionales”. Tienen un rango inferior pero ejercen el cargo de un superior sin tener el debido nombramiento constitucional. ¿La Constitución? A un lado. La Corte Suprema se ha feudalizado y las Cortes Superiores son pequeños cacicazgos. A falta de designación constitucional, el dedo del presidente de turno “designa” a los “provisionales” que tendrán una labor jurisdiccional en un grado superior al que realmente les corresponde, eludiendo el concurso de méritos de la Junta Nacional de Justicia.
Pero los jueces y Fiscales se afligen cuando se les recuerda esto. Se llenan de airados reclamos y de “comunicados públicos”, donde el común denominador es la presunta afectación a su “autonomía”.
¿Y el cumplimiento de la Constitución y de la ley?: Bien Gracias.
“Resuelvo con arreglo a la ley” es la frase cliché para esconder su arbitrariedad. La clamorosa falta de capacidad jurídico-funcional termina siendo una mera coartada.
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Ausencia de una apropiada infraestructura. Al clamoroso déficit de jueces y fiscales para nuestra la actual población del Perú (necesario número de jueces y fiscales por millón de habitantes), se suma las condiciones paupérrimas en que ejercen su función en el pomposamente llamado “servicio de justicia”.
Locales precarios, aislados, alquilados, improvisados, sin personal, ni tecnología y sin condiciones decorosas para ejercer su fundamental labor de administrar justicia a sus conciudadanos.
Intentan cumplir su trabajo en el sistema de justicia con menos facilidades que las que tiene cualquier empleado en una pequeña empresa.
Aunado a lo antes dicho, como colofón, no se puede pasar por alto la existencia al interior del Sistema Judicial de una “endogamia”, con la errada creencia en que únicamente sus miembros son los únicos llamados y facultados para opinar, proponer o llevar a cabo la ansiada reforma del sistema judicial, denostando los esfuerzos de otros actores políticos, constitucionales, juristas y profesionales con conocimiento de la problemática de la justicia en el Perú. Esta “endogamia” produce ceguera e inacción. Se niega el derecho de libre opinión o del justo reclamo. Al final nada cambia y nada habrá de cambiar. Así ellos estarán cómodos por décadas.
En la entrada de una universidad en Sudáfrica fue fijado el siguiente mensaje: “Destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o de misiles de largo alcance; solo se requiere de un bajo nivel educativo, ignorancia de su historia y que sus estudiantes hagan trampas en los exámenes y eludan cualquier barrera que encuentren en la vida.
Los pacientes mueren a manos de esos médicos.
Los edificios se derrumban a manos de esos ingenieros.
El dinero se pierde a manos de esos economistas y administradores.
La humanidad fenece a manos de esos eruditos religiosos.
La justicia se pierde a manos de esos jueces.
El colapso de la educación, y de la necesaria meritocracia, es el colapso de una nación”.
Así las cosas: “Seguridad jurídica y justicia para los peruanos. ¿Para cuándo?”
([1]) Miembro de la Consejo Consultivo de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia del Congreso.