OPINIÓN/ Nuestra Fiscalía

Escribe: Ricardo León Dueñas

Y el Congreso se hizo una, inhabilitando a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza de toda función pública por diez años; sus devaneos, usos y abusos de poder resultaban absolutamente intolerables y desquiciados, término este último utilizado apropiadamente por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ante la ira, cólera y soponcios de sus antiguos camaradas… amigos de la extitular del Ministerio Público.

Por ahora este tema ha tenido un final acorde a lo que se esperaba… veamos qué pasará en los siguientes meses, pues la señora amenaza —fiel a su atrabiliario estilo— con incendiar la pradera y ajusticiar a todo aquel que se le cruce en su camino; algo así como el intemperante Aníbal “Muchachito Tonto” Torres, hoy en salmuera al haber sido sentenciado en primera instancia a seis años de cárcel por su activa participación en el fallido golpe de Estado perpetrado por el indigente mental de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Por “coincidencia” (hay que reiterar el incidente tantas veces como se pueda y sea necesario), esta esperada inhabilitación sucedió un día después de la coima recibida por el fiscal Henry Amenábar —exadjunto del todopoderoso y aliado de Espinoza, el fiscal provincial José Domingo Pérez— el mismo que fue a detener abusivamente a Alan García en abril de 2019. Amenábar fue captado en flagrancia en un operativo montado por la policía cuando recibía en el baño de un centro comercial la suma de $3,000 de un procesado, cayó, como dicen… con las manos en la masa.

De otro lado, resulta indignante —por decir lo menos— el evidente blindaje de la Corte Suprema a la fiscal superior Marita Barreto, designada —luego que cumpliera su suspensión— por la propia Espinoza en julio último en la plaza de Derechos Humanos e Interculturalidad. Así, la máxima instancia de la justicia penal en el país ha dispuesto, muy convenientemente, que no se le levante el secreto bancario a Barreto, pese a la constatación de la venta de su casa de playa por ¡$500,000!, ofrecimiento que ella misma hacía a los interesados, según reportaje de un medio de comunicación valiente (Willax, para más señas), prensa a la que no le tiembla la mano ni se amedrenta ante esta argolla que pretende seguir controlando el MP. Una funcionaria de rango medio que gana alrededor de S/. 15,000 al mes, ¿se puede dar el lujo de tener este tipo de propiedades y que —literalmente— no le pase nada?

Otrosí digo: el Congreso debe dejar de ser caja de resonancia de personajes como Raúl Noblecilla y Carlos Torres Caro, abogados del golpista Pedro Castillo, quienes concurren al hemiciclo con la única intención de insultar a la representación nacional y vociferar sus patanerías. A este par de impresentables no solo no se les debe dar el uso de la palabra, sino deben ser botados a patada limpia del Parlamento cada vez que se presenten.