OPINIÓN/ Perú no puede seguir en manos de la minería ilegal

Escribe: Julio Cesar Valdez Pomareda

Teniente General FAP (r)

¿Cómo es posible que la minería ilegal siga destruyendo impunemente el Perú?

Lo que estamos viviendo como País es, sin exagerar, una tragedia de dimensiones históricas. La minería ilegal no solo ha convertido extensas zonas de ese gran pulmón vital del planeta que es nuestra Amazonía en un desierto de mercurio, muerte y corrupción.   Ahora también ha comenzado a depredar nada menos que la zona arqueológica de Nazca, un santuario que la humanidad entera reconoce como patrimonio universal, como un legado milenario.  Estamos permitiendo que se destruya nuestra herencia cultural y natural con una pasmosa indiferencia.    ¿Hasta dónde vamos a permitir esta devastación?

¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están el Congreso y el Ejecutivo, que deberían liderar una cruzada nacional contra este cáncer que carcome al Perú?  ¿Dónde está el Ministerio de Cultura para proteger las líneas de Nazca? ¿Dónde está el Ministerio del Ambiente para frenar el ecocidio en la Amazonía? ¿Dónde están los Ministerio de Defensa y de Interior, que no disponen lo conveniente?; puesto que el Estado debe responder con firmeza, con decisión, ya que no basta con normas y declaraciones; se necesita presencia efectiva, capacidad de disuasión, y acción directa.  Las FFAA y la PNP tienen no solo la responsabilidad, sino el deber constitucional de defender los intereses nacionales, y hoy, la protección del medio ambiente es una prioridad nacional y global.

Su silencio y su inacción son tan graves como los crímenes que comete esta mafia minera.

¿Cómo hemos llegado a este nivel de barbarie? ¿Cómo puede permitirse que se destruya impunemente lo más valioso que tenemos como nación?

No basta con indignarse. Es necesario señalar con claridad que esta tragedia ha sido facilitada, cuando no promovida, por una red de complicidades políticas, legales y económicas. La minería ilegal no habría llegado a tener el inmenso poder que hoy ostenta si no fuera por la protección o el silencio cómplice del Congreso de la República, por las normas hechas a medida, como el mal llamado REINFO, por la falta de acción de fiscalías y juzgados, y por la corrupción que ha penetrado hasta en gobiernos locales y regionales.

Esto ya no es solo un problema ambiental. Es una crisis de Estado. Estamos ante una red criminal que ha superado en fuerza y control territorial a las propias Instituciones Públicas. En varias regiones, son las mafias ilegales las que dictan las reglas, amenazan a los líderes sociales, y corrompen hasta las bases del aparato estatal.

La minería ilegal se ha convertido en un poder paralelo, alimentado por corrupción, impunidad y complicidad política. Instituciones como el Congreso de la República, lejos de combatir este flagelo, ha sido en muchos casos coparticipe y colaborador directo o indirecto, postergando leyes, bloqueando fiscalizaciones y permitiendo que mecanismos como el REINFO sean escudos legales para actividades ilegales.

La Amazonía peruana, tan rica, tan viva, hoy está muriendo a vista y paciencia de todos. Y ahora, las líneas de Nazca, esos trazos ancestrales que nos conectan con nuestra historia más profunda, también corren el riesgo de ser borradas por la ambición desmedida de quienes no conocen límites ni leyes.

Y mientras tanto, seguimos como espectadores de la destrucción. Como si no fuera con nosotros. Como si la Amazonía fuera un lugar lejano. Como si las líneas de Nazca fueran solo dibujos en la arena.

¡Basta ya!

¿Vamos a permitir que esto continúe? ¿Vamos a dejar que generaciones futuras hereden un País sin selva y sin historia?

El Perú necesita recuperar su dignidad. Es hora de exigir acciones concretas, valientes y sin cálculos políticos. Hay que enfrentar a la minería ilegal con toda la fuerza del Estado, sin matices ni excusas. Y hay que exigir que el Congreso y los poderes del Estado rompan con toda vinculación, directa o indirecta con estas mafias.

¿Qué otras soluciones podrían considerarse?

1. Cierre definitivo del REINFO con plazos estrictos y sin nuevas prórrogas. El que no formalizó, pierde su derecho a operar.

2. Reforma integral del proceso de formalización minera, con enfoque territorial, técnico y ambiental diferenciado.

3. Zonificación estricta del territorio nacional, estableciendo qué áreas son inviables para la minería por razones ecológicas, culturales o sociales.

4. Intervención total de las Fuerzas Armadas en zonas críticas, con respaldo legal claro y coordinación con fiscalía ambiental y SUNAT, para lo cual se deben reforzar las capacidades operacionales de las referidas Instituciones.

5. Uso intensivo de tecnología satelital y drones para detectar y erradicar campamentos ilegales (activación completa del SIVAM a cargo de la FAP).

6. Campañas de educación y reconversión laboral en zonas mineras, sobre todo para jóvenes, que hoy son captados por mafias.

7. Sanciones ejemplares a políticos, empresas y financistas que promuevan o encubran minería ilegal.

Es urgente despertar.  El Perú no puede seguir siendo rehén de intereses ilegales y mafiosos. El costo no es solo ecológico ni arqueológico, es moral, es ético, es generacional.  El país que dejaremos a nuestros hijos no tendrá selva, ni cultura viva, ni dignidad.

Si no reaccionamos ahora, será demasiado tarde. Y habremos sido cómplices por omisión.

Lo que está en juego no es solo territorio. Es la identidad misma del Perú.