Como si el mundo no existiera, se ha iniciado la carrera electoral en el Perú y por hoy parece una carrera de trenes.
Es obvio para todos que el ingeniero Rafael López Aliaga está en campaña presidencial mientras ejerce la Alcaldía de Lima y eso puede no estar mal. Dependerá de los votantes valorar positiva o negativamente su eventual decisión de incumplir su compromiso formal y público de 2022 de no postular a la presidencia mientras fuera Alcalde de Lima. Hace casi un año ha dejado abierta la posibilidad de competir en la contienda de 2026, así que tampoco estamos desavisados. Aún no la anuncia pero su candidatura está en marcha.
Hay quienes creen que merece alcanzar la primera magistratura (por ahora, y según encuestas respetables, como un 10% de los peruanos) y otros que piensan exactamente lo contrario. Insisto, ése es un tema que corresponde a cada elector decidir.
Sin embargo, el Tren Lima-Chosica se ha convertido en un eje definitorio de su pretendido liderazgo, gracias a una donación del Estado de California y de la empresa Caltrain, donación gestionada por él y, aparentemente, por Juan de Dios Olaechea de 90 vagones (coches), 19 locomotoras y 4 contenedores de repuestos para cubrir el transporte de pasajeros en esa ruta.
Y aquí viene el primer gran problema, que se acaba de conocer: la diferencia de la valoración de la donación en los documentos oficiales. Mientras en la carta de donación de Caltrain el valor asignado es inferior a 5 millones de dólares; en el acuerdo municipal correspondiente, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se consigna, a valores actuales, una cifra mayor a 230 millones de dólares. La diferencia es gigantesca y por eso la SUNAT, ente competente, ha demandado un informe detallado a la MML.
¿Esto debe ser explicado escrupulosamente por la Municipalidad? Por supuesto que sí.
El otro tema a atender nace de una declaración errónea del propio alcalde. Él dijo, y lo consignaron todos los medios, que la “marcha blanca” del Tren Lima-Chosica se produciría en julio. Luego se corrigió y dijo que no era “marcha blanca” sino “prueba en vacío”. Ni la una ni la otra. Pero en fin, confundirse no es un delito.
Ahora está claro que, con optimismo, el tren comenzará a funcionar en noviembre. Primero debe elegirse al operador que se hará cargo, que evidentemente no es (porque no puede ser bajo el marco constitucional del país) la MLM. Luego iniciar las obras indispensables para su funcionamiento (estaciones, paraderos, cruces, expediente para la segunda fase con doble vía, etc.). No hay que olvidar que, a diferencia de los Metros 1 y 2, que son aéreo y subterráneo respectivamente, este tren se desplazaría a nivel, con los inconvenientes que eso supone y que, a diferencia del Metropolitano, carece de una vía segregada.
¿Eso debe resolverse antes del inicio de las operaciones o incluso de cualquier “marcha blanca”? Por supuesto que sí.
El concesionario de la vía (Ferrocarril Central Andino), cuyo representante más conocido es Olaechea, ha presentado una propuesta de adenda para operar el tren de pasajeros y ha estimado su costo en más de 25 millones de dólares, sin precisar plazos. Si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y específicamente la ATU, consideran que esto es viable, deberá convocarse al concurso para la operación. A cambio, la concesionaria pide la extensión por 5 años del contrato de concesión. No es hora de identificar similitudes con otras concesiones. Ya habrá tiempo para eso.
Como pueden ver, nada de lo dicho cuestiona el valor de la iniciativa, sólo hablamos aquí de cosas que se tienen que hacer OBLIGATORIAMENTE.
Esto es un asunto técnico que debe ser rápidamente despolitizado y hacer lo que corresponda. Veremos qué pasa después.
Valoro la iniciativa, pero no su politización! En nuestro país nadie da puntada sin hilo.