OPINIÓN/ Reinfo hasta el 2027 y el Legislativo de espaldas de la minería moderna

(El Montonero).- La Comisión de Energía y Minas del Congreso acordó extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027, con el voto a favor de Fuerza Popular, APP, Podemos Perú y otras bancadas que representan una evidente mayoría en el Legislativo. Una de las cosas más lamentables del dictamen aprobado es que abre la posibilidad de que reingresen al registro mencionado los 50,000 inscritos que habían sido retirados por tener los reinfos suspendidos por más de cuatro años, de los cuales menos del 4% del total había solicitado su reincorporación.

Se puede legalizar una de las coartadas de la minería ilegal en el país

El Reinfo se creó como un registro provisional para la minería artesanal y pequeña minería en proceso de formalización. Desde una década atrás se contabiliza alrededor de más de 87,000 inscritos, pero apenas el 2% ha logrado formalizarse. 

El mencionado registro siempre establece un plazo máximo del proceso de formalización, aunque suele ampliarse cuando culminan los cronogramas, tal como acaba de suceder en la mencionada comisión del Legislativo. De esta manera este registro se ha convertido en permanente, y con la decisión de reincorporar a los 50,000 excluidos abiertamente se tolera una estratagema de la minería ilegal. ¿A qué nos referimos? Muchos mineros ilegales que han invadido concesiones formales en plenas operaciones suelen inscribirse en el Reinfo para evitar las duras consecuencias penales –según nuestra legislación– que implica desarrollar minería ilegal. 

La utilización del Reinfo como coartada para seguir desarrollando minería ilegal se presenta, sobre todo, en la provincia de Pataz, en La Libertad, y algunas minas en el llamado corredor minero del sur, en donde se emplazan las empresas que producen cerca del 40% del cobre nacional.

En la actualidad existen alrededor de 31,000 reinfos registrados y pendientes de formalizarse, porque el Ejecutivo no ha avanzado nada en el proceso luego de la última ampliación del mencionado registro. Sin embargo, lo que parece inaceptable es que las bancadas del Legislativo posibiliten el regreso de los 50,000 reinfos suspendidos, porque se extiende un manto de protección a las actividades de la minería ilegal. A nuestro entender el Legislativo de ninguna manera debería permitir que los suspendidos regresen al registro, peor todavía cuando la casi totalidad no ha solicitado su reincorporación. 

Una decisión de este tipo representa una imagen terrible para la minería moderna y el modelo económico del país: el Estado de derecho, el Congreso y las instituciones se ponen de espalda o de costado frente a la necesidad de proteger a la minería moderna, que demanda grandes inversiones con alta intensidad de capital y tecnologías para proteger el medio ambiente, garantizar la productividad de la explotación del mineral, generar empleo formal y garantizar la recaudación fiscal del Estado.

Uno de los hechos más graves es que en el asunto de la minería ilegal las pequeñas unidades de minería forman parte de una cadena de pequeños, grandes y medianos productores que han establecido un sistema de producción y acopiamiento de oro y cobre, en la que se utilizan a los pequeños o los discursos a favor de “una supuesta minería artesanal” como coartada de la producción y la rentabilidad de los grandes. El gran problema es que estas estrategias se desarrollan violando los derechos de propiedad –las concesiones– de las empresas formales que invierten capital y llevan años trabajando en exploración y en aumentar las reservas probadas en mineral. 

Detrás de la minería ilegal siempre están grandes unidades económicas que consideran que se puede aumentar la rentabilidad de manera infinita, ignorando los derechos de propiedad garantizados por la Constitución y las leyes nacionales. Se trata de minería ilegal de grandes intereses envueltos en discursos sociales a favor de la pequeña minería.

En el Congreso debería haber una profunda reflexión alrededor del tema y separar la paja del grano, y de ninguna manera permitir el regreso de los 50,000 retirados del Reinfo. De lo contrario se estaría legalizando una de las coartadas de la minería ilegal.