OPINIÓN/ Un país que se mueve, pero sin reformas a la vista

(EL Montonero).- El relevo de José Salardi del Ministerio de Economía y Finanzas revela que el Perú de hoy no está para voluntades y proyectos reformistas, por lo menos hasta el cambio de gobierno. Una noticia devastadora que nos revela la vieja práctica nacional de perder oportunidades y desperdiciar momentos históricos. El economista Elmer Cuba, en entrevista en este portal, señala que Salardi era un ministro reformista que colisionaba con el humor del Ejecutivo y del Congreso de mantener el statu quo. En otras palabras, un humor mayoritario para continuar con el populismo a meses de iniciarse la campaña electoral.

La transición política hacia el 2026 y la campaña electoral

El exministro Salardi había sostenido propuestas de sentido común: detener los rescates financieros de Petroperú, eliminar 14 programas innecesarios que abultaban la planilla fiscal y había promovido una reforma interesante de la ley de asociaciones público privadas con el objeto de garantizar inversiones de alrededor de US$ 35,000 millones. La salida de Salardi, en efecto, indica que la cercanía de la campaña electoral, la identidad ideológica del gobierno y de las bancadas legislativas parecen inclinar las cosas en contra de cualquier reforma.

De alguna manera, pues, el sistema político y la economía están condenados a solo sobrevivir hasta el cambio de gobierno, más allá de que el crecimiento del primer trimestre del año revela que el Perú, luego de la Argentina, será uno de los países que más crecerá en la región. Sin embargo, crecer 2.7% del PBI no es para alegrarse en un país que podría expandirse sobre el 6% y reducir varios puntos de pobreza anualmente.

El Perú, pues, únicamente sobrevivirá hasta el cambio de gobierno. Sin embargo, una cosa es sobrevivir y otra bien diferente es alentar el suicidio nacional con la propuesta de vacar al jefe de Estado; es decir, una propuesta que profundizaría el vacío de poder y consolidaría las tendencias a la anarquía general, de modo tal que, incluso, se podría en peligro el cronograma electoral.

Si no hay reformas, entonces, los partidos políticos y movimientos de buena voluntad deberían convertir la próxima campaña electoral en una en la que se debatan las grandes reformas para las próximas décadas.

Vale destacar al respecto la campaña electoral en que Javier Milei fue elegido presidente de la República de Argentina. Milei fue capaz de imponer una agenda que, de una u otra manera, definió el curso de la campaña electoral. Casi nadie pudo escapar de los tópicos que planteó el economista argentino, una estrategia que, finalmente, le garantizó el triunfo electoral.

Algo parecido debería suceder en el Perú. Necesitamos un candidato o candidatos que impongan una campaña electoral reformista. Por ejemplo, un candidato debería plantearle frontalmente a la sociedad –como lo hizo Milei– una disyuntiva: o los peruanos deciden si priorizan el Estado o el sector privado y los mercados como la fuente de creación de riqueza y bienestar, o continuamos con el populismo mercantilista.

Si se impone esta agenda será más factible demostrar que, en las últimas décadas, la involución del Estado, la asfixiante burocratización de procedimientos y sobrerregulaciones públicas, el crecimiento desmedido de la planilla y el gasto estatal son las causas de la pobreza y la informalidad. El Estado burocrático bloquea a la inversión privada y aleja a los emprendedores y emergentes de la formalidad.

Necesitamos una campaña electoral en que el Estado sea colocado en el banquillo de los acusados y el candidato de las reformas puede levantar la motosierra –que levantó Milei– y proponga reducir un Estado que consume un tercio del PBI de más de US$ 260,000 millones a través de la eliminación de la mitad de los 19 ministerios, algunos de ellos creados solo para atender las sinecuras y consultoría de las izquierdas.

Si somos justos y cultivamos la buena voluntad el Estado será señalado como la fuente de todos los retrasos nacionales. Y en este contexto, todas las demás reformas, desde la tributaria, pasando por la laboral, hasta la educativa, de salud y el shock de inversiones en infraestructuras, serán posibles.