OPINIÓN/ Veinte años regalando el cielo: el daño oculto de la quinta libertad otorgada a Chile

Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli

Lo que está en juego no es solo un tema tributario: es una cuestión de soberanía económica, equidad competitiva y defensa del interés nacional.

Durante más de dos décadas, el Perú ha permitido que LATAM Chile opere vuelos internacionales con escala en Lima bajo el régimen de quinta libertad del aire. Esta figura, que concede a una aerolínea extranjera el derecho de recoger pasajeros y carga en un país intermedio (en este caso, Lima, Perú), se otorgó sin condiciones de una verdadera reciprocidad, sin compensaciones, y lo más grave: sin que el país reciba beneficios fiscales proporcionales a la explotación de su mercado y su espacio e infraestructura aérea.

Los vuelos en cuestión como las rutas Santiago–Lima–Nueva York o Santiago–Lima–Los Ángeles, Santiago–Lima–Miami entre otras han partido diariamente desde Lima con cientos de pasajeros, muchos de ellos embarcando directamente en el Perú. Sin embargo, los boletos de estos pasajeros son emitidos mayoritariamente con el código IATA correspondiente a LATAM Chile, y no al de LATAM Perú. De esta manera, los ingresos generados por estas ventas no tributan en el Perú, particularmente cuando los pasajeros no solicitan comprobantes de pago, cosa que sucede en la gran mayoría de casos.

Una pérdida fiscal silenciosa

Aunque el vuelo utilice infraestructura peruana, personal peruano y servicios aéreos prestados desde el territorio nacional, el Perú no percibe ingreso tributario directo alguno sobre la venta de estos pasajes. Lo único que cobra es la tasa aeroportuaria (TUUA), cuyo monto es fijo y cuyo destino principal es el concesionario, no el Tesoro Público.

Se estima que decenas de miles de pasajeros se han embarcado en Lima cada año en vuelos operados por LATAM Chile bajo esta modalidad. Aunque el cálculo exacto de las pérdidas fiscales acumuladas requiere una auditoría oficial que cruce datos de la SUNAT, CORPAC y la DGAC, la dimensión del perjuicio fiscal y económico es innegable. Estamos hablando de montos significativos que, de haberse tributado en el Perú, hubieran podido financiar radares, pistas en provincias, subsidios para conectividad regional o modernización del sistema de control aéreo.

¿Quién cobra por lo que ocurre en el cielo peruano?

Esta es una de las distorsiones más graves del modelo actual: el Perú pone el cielo, las pistas, el mercado y la infraestructura, pero Chile cobra los impuestos.

Mientras LATAM Chile recauda y tributa en su país por pasajes vendidos desde Lima, el Estado peruano deja pasar una y otra vez esta explotación sin retorno. Esta situación se ha mantenido por décadas sin que exista una política de revisión, compensación ni fiscalización efectiva. Otros países, incluyendo Chile, no permitirían jamás que una aerolínea extranjera opere vuelos con quinta libertad sin garantizar aportes económicos a su propio país.

Quienes defienden este esquema alegan que fomenta la conectividad internacional. Pero en el Perú, lo que ha fomentado es la fuga tributaria, la desigualdad de condiciones para las aerolíneas domiciliadas y una inercia regulatoria que favorece intereses extranjeros en detrimento del desarrollo nacional.

¿Y dónde están las autoridades?

¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están la SUNAT, el MTC, la DGAC, OSITRAN y CORPAC? ¿Dónde están los mecanismos para cuantificar y corregir este desequilibrio?

Esta no es la primera vez que una aerolínea extranjera ha aprovechado la inoperancia regulatoria del Estado peruano.

El caso de Avianca Perú sigue sin ser investigado a fondo, ni administrativa ni académicamente. Se permitió que se constituyera como una empresa peruana “independiente” del holding internacional Avianca, sin activos sólidos en el país, operando bajo una lógica de retiro progresivo que culminó en una quiebra oportunista amparada en la pandemia del COVID-19. Mientras sus colaboradores, que durante más de 20 años habían contribuido a construir su prestigio en la región, quedaron desamparados por una empresa que se retiró protegida por la absurda y complaciente legislación nacional.

Más grave aún es que este episodio ni siquiera ha sido motivo de estudio en los principales centros académicos del país, donde el análisis crítico del sector aéreo brilla por su ausencia. En algunos casos, parte del cuerpo docente de una de estas instituciones estuvo vinculado directamente a la autoridad aeronáutica en el momento en que se cometieron estas irregularidades, lo que explicaría el silencio. La captura institucional y la autocomplacencia han alcanzado también al ámbito académico, clausurando la posibilidad de aprender de los errores y prevenir que se repitan.

El retiro de Avianca coincidió con los retrasos sistemáticos del nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

La pregunta sigue en el aire.

¿Fue esa demora producto de la incapacidad del Estado y de LAP? ¿O fue una estrategia planificada por malos funcionarios y motivada por intereses extranjeros para consolidar el HUB de Bogotá antes que el de Lima?

Y lo más grave: aunque muchas caras han cambiado con el tiempo, la lógica institucional de permisividad e inoperancia sigue intacta. Las mismas entidades responsables MTC, DGAC, SUNAT continúan actuando como si nada hubiera pasado. Fueron estas instituciones las que en su momento avalaron el registro y la operación de una empresa sin respaldo real, y son ellas mismas con nuevos o antiguos funcionarios las que han tolerado durante años la cesión gratuita del cielo peruano, sin exigir condiciones, tributos ni beneficios concretos para el país.

Es hora de corregir el rumbo

La quinta libertad otorgada a Chile debe ser renegociada, condicionada o retirada, salvo que:

• La empresa tribute en el Perú por cada pasajero y kilo de carga embarcados en Lima.

• Se establezca un canon compensatorio específico por uso de espacio aéreo y mercado local.

• Se legisle la obligatoriedad de destinar estos ingresos únicamente al fortalecimiento del sistema aeroportuario nacional, especialmente en las regiones.

Porque el cielo peruano no puede seguir siendo entregado gratis.

Lo que está en juego no es solo un tema tributario: es una cuestión de soberanía económica, equidad competitiva y defensa del interés nacional.