El congresista de Acción Popular Wilson Soto presentó un proyecto de reforma constitucional que plantea que los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y de los organismos electorales puedan ser sometidos a juicio y antejuicio político.
Todos ellos pueden ser acusados por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones hasta cinco años después de cesar en el cargo.
La iniciativa legislativa busca reformar el artículo 99 de la Constitución Política para que los titulares de la Junta y también del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) estén comprendidos en el mismo.
En la actualidad, el citado artículo de la Carta Magna solo faculta a la Comisión Permanente del Congreso a acusar ante el Poder Legislativo al presidente de la república, los parlamentarios y los ministros de Estado.
También a los miembros del Tribunal Constitucional, vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del pueblo y el contralor general.
Todos ellos pueden ser acusados por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones hasta cinco años después de cesar en el cargo.
En la exposición de motivos, el proyecto de ley04477/2022-CR señala que es importante que todos los altos funcionarios públicos de los poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos sean pasibles de control y que «se ha omitido»considerar a las máximas autoridades de los cuatro organismos que plantea incluir.
Indica que dichos funcionarios, por la responsabilidad de los cargos que ocupan, no pueden ser vulnerables ante denuncias penales con motivaciones políticas, “por lo que es necesario que se pase el filtro previo del Congreso de la República a través del levantamiento de su inmunidad”.
