Callan, no protestan; aceptan resignados la barbarie; conviven con una satrapía a pesar de los actos de terrorismo de Estado que comete
Antes de Navidad, el dictador Ortega ordenó encarcelar al obispo Isidoro Mora, de la Diócesis de Siuna, operativo policíaco ejecutado al culminar una misa de confirmación de 230 niños y de rezar por la salud del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, al cumplirse doce meses de la condena a 26 años de prisión impuesta por un juez venal al servicio de la dictadura.
El “delito” del prelado fue negarse a subir a un avión con otras 221 personas deportadas a Estados Unidos, a quienes previamente retiraron la nacionalidad. Ante una decisión digna, soberana, libertaria, Ortega enfureció, tachando al sacerdote de “energúmeno” y “desquiciado”. Al día siguiente Álvarez fue condenado a 26 años de cárcel bajo el ominoso cargo de “traición a la patria”, privándolo de por vida de sus derechos ciudadanos.
Mayor infamia y perversión política, imposible.
Esos deplorables hechos sucedieron después de que el dictador centroamericano confiscó propiedades y dinero de la Iglesia, monasterios y medios de prensa, reprimiendo a numerosos sacerdotes y deportando a las misioneras de la Orden de la Caridad Madre Teresa de Calcuta.
Ortega también desterró al obispo de Managua, Silvio Báez, y al Nuncio Apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw. Ante la protesta del Vaticano, el sátrapa no vaciló en tachar a los miembros del clero de “terroristas con sotana”, “delincuentes” y “golpistas”, agregando que el Sumo Pontífice era “el jefe de una mafia que comete crímenes todos los días” para más adelante suspender relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
La abogada Martha Molina Montenegro, en su libro Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?, registra que 176 religiosos fueron expulsados o impedidos de ingresar al país; que las autoridades prohibieron la realización de 3,639 procesiones; que en los eventos por Semana Santa la policía reprimió brutalmente a creyentes y prelados; y que desde el 2018 la Iglesia católica ha sufrido 740 ataques del aparato sandinista.
Ortega, sin embargo, continúa avanzando en su política rapaz, sin mayor resistencia, y ahora ha expulsado al Comité Internacional de la Cruz Roja y cerrado sus oficinas, como ha hecho con otras 3000 asociaciones, incluyendo 19 gremios empresariales.
Esta tragedia humanitaria ha provocado que 720 mil nicaragüenses –9 % de su población– emigren a Costa Rica porque se encuentran desamparados debido a que los gobiernos democráticos y organismos internacionales toleran con docilidad esos atropellos, manteniendo relaciones al más alto nivel con el régimen de Ortega.
Callan, no protestan; aceptan resignados la barbarie; conviven con una satrapía a pesar de los actos de terrorismo de Estado que comete. Los embajadores del dictador comparten fiestas nacionales, agasajos y eventos con las autoridades de los países donde se encuentran acreditados y con representantes diplomáticos de otras naciones. Y el Vaticano, por su parte, no excomulga a este despreciable sujeto en aplicación al Derecho Canónico.
El dictador nicaragüense actúa con sevicia e impunidad porque sabe que nada sucederá considerando que cuenta con el respaldo de potencias extracontinentales –Rusia, China e Irán–, de cuyos gobiernos recibe armas, apoyo económico, protección en Naciones Unidas y en otros foros multinacionales; en el plano hemisférico está protegido por el bloque del socialismo del siglo XXI, especialmente por Cuba y Venezuela, además de los movimientos y líderes comunistas de la región.
En este tóxico y degradante contexto, el presidente argentino, Javier Milei, ha abierto una ruta de dignidad diplomática al negarse a recibir a los embajadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba por considerar, con razón, que hacerlo legitima a regímenes tiránicos, una decisión deontológica que deberían seguir otras naciones del hemisferio.
Solo así, aislando e imponiendo sanciones económicas a las autocracias, la democracia, la libertad y los derechos humanos podrán ser respetados.
