Sin Congreso, fuerte o débil, dividido o compacto, no hay democracia y padecemos periodos de oscuridad, de violación a los derechos humanos y de letal destrucción de las instituciones.
Uno de los objetivos políticos del presidente Castillo y de sectores radicales de izquierda es prescindir del Congreso, que no controlan porque la bancada oficialista es minoritaria y, por tanto, no puede impedir su tarea fiscalizadora, interpelaciones o censura de ministros. Ni menos, por supuesto, que se convoque a una Asamblea Constituyente, porque hacerlo sería ilegal.
Sin embargo, en todos los consejos de ministros descentralizados –y también en Palacio de Gobierno– militantes del régimen vociferan tres lemas: prensa basura, cierren el Congreso y Asamblea Constituyente. Es, sin duda, una consigna orientada a enlodar a medios de comunicación independientes y desestabilizar la institución parlamentaria, aprovechando, además, el descrédito de algunos miembros y su bajo porcentaje de aceptación en las encuestas.
La reelección, manipulando normas constitucionales, ha permitido que se consoliden gobiernos totalitarios en el hemisferio. Así ocurrió en Cuba, donde el Partido Comunista tiene 63 años en el poder. En Venezuela, Hugo Chávez alcanzó la presidencia en 1999 para gobernar un solo periodo, pero la Asamblea Nacional cambió la carta fundamental varias veces y se quedó hasta su muerte, el 2013. Ese año fue reemplazado por Nicolás Maduro, quien, aplicando el mismo procedimiento, ha prolongado su mandato hasta el 2025.
En Nicaragua, Ortega ha recurrido sistemáticamente a esa maniobra tracalera. Después de gobernar 4 años como miembro de la Junta de Reconstrucción Nacional que reemplazó al dictador Somoza, ganó las elecciones para el periodo 1985 a 1990 y fue reelecto para la etapa 2007-2012. Sin embargo, apelando a su mayoría parlamentaria, modificó la carta magna y continuará en la presidencia hasta el 2022; un total acumulado de 23 años.
En Bolivia, Evo Morales, electo para el 2006-2011, prolongó su mandato hasta el 2019, a través de referéndums y cambios constitucionales. Pretendió extenderlo hasta el 2024, desconociendo la carta fundamental y un referéndum, cometiendo un descomunal fraude y provocando violentas manifestaciones de protesta que lo obligaron a renunciar.
Controlar el Legislativo y las instituciones que forman parte del estado constitucional de derecho -Jurado Electoral, Ministerio Público y Poder Judicial– corresponde a un esquema golpista, que se complementa sometiendo políticamente a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los sistemas de inteligencia.
El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no pudo ser más enfático –y transparente- al decir que “hoy la izquierda tiene el gobierno, pero no tiene el poder”. Luego agregó que, para tener el poder, hay que controlar el ejército, la policía, el cuerpo de magistrados, la burocracia estatal y el clero.
Más claro, imposible. En esa línea avanza Castillo manipulando los procesos de ascenso, pasando al retiro a comandantes generales que no cumplen sus órdenes ilegales. Ahora lo observamos en vistosos desplazamientos a unidades militares, cantando sus himnos y ofreciendo comprar armamento de última generación. Es, sin duda, parte de un libreto que le han preparado.
Sin Congreso, fuerte o débil, dividido o compacto, no hay democracia y padecemos periodos de oscuridad, de violación a los derechos humanos y de letal destrucción de las instituciones. En nuestra próxima columna abordaré este tema a propósito de la presentación del libro, “Asalto al Congreso”, donde narro cuando el dictador Sánchez Cerro dispuso el allanamiento del hemiciclo y la detención de 23 parlamentarios.
