cancillería del Perú y su titular, César Landa, consienten con su silencio esta infame violación a los derechos humanos.
El Consejo Permanente de la OEA, súper expeditivo para pronunciarse sesgadamente en el caso peruano, mantiene un deplorable y cómplice silencio ante la política de terror impuesta por el gobierno boliviano.
El presidente de ese país, Luis Arce, subalterno de Evo Morales, ha movilizado turbas de su partido, el MAS, con apoyo policial, para cercar, desde hace 10 días, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que cuenta con 2 millones de habitantes, impidiendo el ingreso de alimentos y el tránsito de personas y vehículos. Los grifos están sin combustible, los hospitales no disponen de oxígeno, los mercados están desabastecidos y muchas industrias están siendo tomadas por delincuentes al servicio del MAS.
Esa es la respuesta autoritaria a la población de Santa Cruz por demandar que se realice un nuevo censo del población y vivienda, porque el actual padrón electoral no refleja el número de votantes y se presta a escandalosos fraudes en las elecciones.
Ante la indiferencia de las Cancillerías del hemisferio y del cuestionado secretario general de la OEA, Luis Almagro, los comités de defensa de la democracia de Bolivia han denunciado ese cerco como “terrorismo de estado” y demandan la convocatoria a una reunión urgente de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA; propuesta que cuenta con el respaldo de los ex presidentes Guido Vildoso, Jaime Paz Zamora, Jorge Quiroga, Carlos Maza, Eduardo Rodríguez y Jeannine Añez, condenada arbitrariamente a 10 años de prisión.
Mientras tanto, la cancillería del Perú y su titular, César Landa, consienten con su silencio esta infame violación a los derechos humanos.
