El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como sector que presidió la comisión multisectorial encargada de realizar una evaluación técnica del sistema previsional peruano, publicó la propuesta normativa de reforma.
Este documento se encuentra en proceso de revisión, luego de lo cual el MEF elevará la propuesta final a la PCM para la aprobación respectiva.
El documento emitido por la referida comisión, la cual culminó sus funciones el pasado 31 de mayo del presente año, se encuentra en la página web institucional del MEF (https://bit.ly/3qSvEpi).
El documento publicado es una propuesta normativa, elaborada y consensuada por los miembros de la Comisión Multisectorial: la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), tal como lo dispuso el Decreto Supremo 081-2022-PCM y el 045-2023-PCM.
Este documento se encuentra en proceso de revisión, luego de lo cual el MEF elevará la propuesta final a la PCM para la aprobación respectiva.
La propuesta de reforma del sistema de pensiones tiene como objetivo principal la universalización de la afiliación al sistema y el beneficio de tener una pensión mínima de jubilación, facilitar el acceso a esas pensiones y reducir el costo de la comisión por administración de los fondos, manteniendo la sostenibilidad fiscal.
Como parte de la propuesta de la comisión multisectorial, se contempla que todos los peruanos que cumplan 18 años serán afiliados automáticamente al sistema pensionario, teniendo la posibilidad de elegir libremente entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o el Sistema Privado de Pensiones (SPP).
Esta propuesta de afiliación universal amplia la cobertura y el acceso a una pensión, así todos los peruanos tendrían garantizada a futuro una pensión mínima que será financiada por el Estado, siempre que, al alcanzar la edad de jubilación, cumplan con los requisitos de número de aportes, montos de contribución y otros establecidos en la normativa.
Bajo este esquema propuesto, el Estado brindaría una pensión no contributiva a aquellos peruanos en condición de pobreza, mayores de 65 años o con discapacidad severa.
El acceso a la pensión mínima sería gradual, previéndose que en los primeros cinco años de vigencia podrían beneficiarse unos 125,000 peruanos con un costo fiscal de 200 millones de soles anuales como promedio.
De esta manera, la propuesta toma en cuenta la necesidad de brindar una pensión de jubilación a una masa laboral altamente informal, acogiendo las recomendaciones de la OCDE con miras al proceso de adhesión de Perú a este grupo de países con economías desarrolladas.
Aportes voluntarios
Asimismo, la propuesta normativa de la comisión multisectorial busca impulsar el aporte de los trabajadores independientes y de aquellos que se encuentran en el sector informal.
En el caso de quienes trabajan para el Estado o para empresas que prestan servicios al Estado como locadores, consultores o similares, deberán realizar aportes con fin previsional, según sus ingresos.
En el caso de los trabajadores independientes que trabajan para empresas privadas, el aporte también será obligatorio, pero tomando como referencia la Remuneración Mínima Vital (RMV)
Asimismo, la propuesta considera que, de manera progresiva, para impulsar los aportes voluntarios, el Estado ofrecerá incentivos –bajo topes a ser establecidos– como, por ejemplo, duplicar las contribuciones o depósitos que realicen los trabajadores a sus fondos de pensiones.
De otro lado, también se propone que los peruanos tengan la posibilidad de incrementar su fondo de pensiones destinando para ese fin los montos solicitados como devolución del pago de impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría.
Y quienes no realizan declaración de renta anual, podrán destinar a su fondo parte de los gastos en los rubros de devolución de impuestos para rentas de trabajo (hotelería, restaurantes, entre otros).
Comisiones
En cuanto a la gestión de los fondos de pensiones, la propuesta normativa busca reducir las comisiones que pagan los afiliados fomentando la competencia entre los administradores.
Así, las AFP ya no serán las únicas administradoras de fondos de pensiones, sino que se permitirá que bancos, cajas y otras empresas hagan lo propio.
También apostando por la competencia, la propuesta considera que los afiliados del SPP que eligieron permanecer en el esquema de comisión sobre la remuneración, progresivamente, estarán sujetos a una licitación o subasta periódica de las comisiones, planteándose una dinámica más competitiva entre las administradoras de fondos.
El Poder Ejecutivo busca contar con una propuesta que beneficie a toda la población, para que las nuevas generaciones de peruanos cuenten con una pensión al alcanzar la edad de jubilación, incidiendo de esta forma en un mayor bienestar de las personas; es por eso que convoca al diálogo entre todos los interesados, a que se lleve a cabo una discusión amplia, consensuada, que realmente beneficie a la población, sin afectar la caja fiscal.
