DECRETO DE URGENCIA FIJA MEDIDAS ECONÓMICAS PARA IMPLEMENTAR UNIDADES DE FLAGRANCIA

Dicho dispositivo es publicado anoche en el boletín extraordinario de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. 

El decreto tiene por objeto dictar medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera, para fortalecer e implementar las unidades de flagrancia delictiva, así como la contratación de personal, bienes y servicios en entidades del Gobierno Nacional, Poder Judicial y gobiernos locales.

Ello con la finalidad de ejecutar acciones urgentes e inmediatas en seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales en un contexto de incremento de incidencia delictiva común y organizada.

Contexto que se presenta en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martin de Porres (Lima) y en los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa (Sullana – Piura), declarados en estado de emergencia por el Decreto Supremo 105-2023-PCM.

Transferencia

En tal sentido, autoriza las transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de 111 millones 659,275 soles, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y gobiernos locales.

Dicha transferencia permitirá la implementación inmediata de Brigadas Especiales Contra el Crimen Organizado a cargo de la Policía Nacional del Perú; la dotación de mayores recursos logísticos a los Departamentos de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres y Sullana.

También, a las Comisarías de San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres y Sullana, a la Oficina de Criminalística de Piura; a la Unidad Funcional de Criminalística de San Juan de Lurigancho; a la División de Policía Judicial y Requisitorias y a la Dirección de Operaciones Especiales a cargo de la Policía Nacional del Perú.

De igual modo, permitirá la contratación y dotación de nuevos defensores públicos y personal de apoyo judicial; la implementación de Unidades de Flagrancia Delictiva; y la implementación de los servicios de patrullaje municipal y video vigilancia a cargo de los gobiernos locales de los distritos declarados en estado de emergencia.

Otras medidas

Además, autoriza la contratación de personal en entidades del Gobierno Nacional y gobiernos locales, estableciendo para ello medidas en materia de contrataciones del Estado.

Por último, dispone que hasta el 30 de enero de 2024, los ministerios del Interior y Justicia, así como el Poder Judicial, con fines de rendición de cuentas y transparencia de la información, remiten a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas en forma mensual, un reporte de las intervenciones en torno al número de detenidos indicando el tipo de delito y si se encuentra bajo la Ley contra el Crimen Organizado.