Perú sopesa traslado de criminales de alta peligrosidad a cárceles de El Salvador

El Gobierno evalúa la aplicación de una serie de mecanismos de cooperación bilateral, que permitan el traslado de internos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen, incluyendo a los centros especializados como el CECOT de El Salvador, indicó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

En el curso de su exposición de investidura ante la representación nacional, señaló que mediante esta medida, se busca descongestionar los penales, desarticular las redes criminales que operan desde prisión y reafirmar el principio de autoridad.

“El Perú no permitirá que sus cárceles sean plataformas del crimen. Estamos decididos a recuperar el control total del sistema penitenciario. Desde diciembre de 2025, contaremos con el servicio de control especializado de segundad privado dirigido a controlar el ingreso y salida de personas, objetos y paquetes, en dos establecimientos penitenciarios con alto índice de población penal, con una inversión de 8 millones de soles”.

SISTEMA INTERAMERICANO

Más adelante propuso al Congreso de la República, la creación de una Comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes, para evaluar “de manera seria y responsable” una decisión consensuada respecto a la continuidad del Perú en el sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En ese sentido recordó que, conforme al artículo 57° de la Carta Magna vigente, es potestad del Ejecutivo adoptar de una decisión soberana sobre el tema.

Sobre este tema, ratificó que el gobierno “no pagará ni un centavo del erario público” en indemnizaciones establecidas por tribunales internacionales, en favor de quienes fueron juzgados y sentenciados en el Perú por delitos de terrorismo.

Más adelante dijo que en el tercer trimestre del presente año se  presentará una propuesta normativa para que la administración y disposición del dinero incautado a las bandas criminales, se destine a la Policía Nacional del Perú para uso exclusivo de la lucha contra el crimen.