Mediante un comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros cuestionó duramente al Ministerio Público y dejó en claro que dicha entidad pretendería determinar qué agrupaciones políticas son las que pueden participar en el proceso electoral del próximo año.
Esa fue la respuesta que dio la PCM a la solicitud que formuló en la víspera la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que la Corte Suprema declare la ilegalidad de la agrupación Fuerza Popular y disponga la cancelación de su inscripción, por una supuesta “conducta antidemocrática”.
En su comunicado, la PCM advierte que «la Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral».
En ese sentido, añade que «acciones alejadas de nuestro ordenamiento jurídico, tomadas por el Ministerio Público, no deben impedir a los peruanos el libre ejercicio de elegir a sus próximas autoridades. Son los ciudadanos quienes, mediante un voto libre en las urnas, decidirán a nuestros próximos representantes».
Se indica que el proceso electoral del 2026 “no puede ser empañado por una institución como el Ministerio Público, cuya función debe ser velar por el cumplimiento de las leyes, pero que continúa en su afán de pretender judicializar la política”.
