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OPINIÓN/ Bolivia y la amenaza de Evo Morales

Escribe:  Luis Gonzales Posada.

el mayor problema son las relaciones políticas y diplomáticas bilaterales afectadas severamente por Evo Morales, personaje siniestro e intromisivo en asuntos de competencia interna del Perú.

Para el Perú es muy importante lo que ocurre en Bolivia, país con quien compartimos una frontera común de 1,047 kilómetros. Frontera complicada, con escasa vigilancia,  por donde ingresa contrabando de mercaderías, vehículos robados, drogas, combustible y oro.

Un informe de Latina TV, reveló que el pueblo de Virupaya, ubicado a 215 kilometros de La Paz y cercano al Lago Titicaca, es el eje o punto crítico del comercio ilegal, pero también hay otros 23 pasos encubiertos.

Sin embargo, el mayor problema son las relaciones políticas y diplomáticas bilaterales afectadas severamente por Evo Morales, personaje siniestro e intromisivo en asuntos de competencia interna del Perú.

Su activismo ha sido constante, especialmente durante la caótica administración de Pedro Castillo, cuando llegó al extremo de recorrer el sur del país demandando Asamblea Constituyente, libre cultivo de hojas de coca y expulsión de la DEA, agencia norteamericana antinarcóticos.

Pero también promovió crear la «Nación Aymara» o «RunaSur», involucrando a los pobladores de esa etnia boliviana con el sur peruano, el noroeste argentino y el norte de Chile que, en conjunto, albergan a 2 millones de aymaras, sobre 114 millones de habitantes; es decir, escasamente 1.7% del total.

Morales, asimismo, forma parte  del llamado «socialismo del siglo XXI», bloque de izquierda radical que agrupa a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, involucradas en actos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.

Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS) ha gobernado 20 años, bajo el impulso del líder cocalero y del actual mandatario, Luis Arce. En los últimos comicios obtuvieron 3% de votos, un diputado de 130 y ningún senador de 36 representantes.

Fue una verdadera catástrofe política, consecuencia del desastre económico. El déficit fiscal, en efecto, supera 10% del PBI; se encuentran en recesión, sin gas ni gasolina y en los grifos se observan largas colas de vehículos que deben esperar hasta cinco horas para abastecerse.

Hay carencia de dólares y, por ello, des abastecimiento de medicinas, alimentos y materias primas para sus industrias. Tienen, además, el menor PBI del hemisferio, estimado en 45 mil millones de dólares (en el Perú es de 275 mil millones de dólares).

Esa es la pesada herencia que recoge el presidente electo, el democristiano Rodrigo Paz Pereira, hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora y sobrino del ex gobernante Víctor Paz Estenssoro, que ha marcado la diferencia con Evo Morales en un mensaje claro y fuerte sobre política exterior: no invitará a la ceremonia de trasmisión de mando ( 8 de noviembre) a los gobiernos dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Además, sostuvo que mantendrá una relación de primer nivel con Estados Unidos, incluyendo convocar a la DEA para combatir el narcotráfico, anunció que debe haber enfurecido al MAS.

En ese contexto, el mandatario electo ha calificado a Evo de «traidor a la patria», recordando que el 2008 su país exportaba al mercado de USA  500 millones de dólares desde la ciudad de El Alto y generaba 40 mil empleos, pero en el periodo del líder cocalero las cifras se redujeron a 3 millones de dólares de exportaciones y a mil empleos.

Asimismo, afirmó que otra herencia que recibe del MAS es la fuga de capitales, calculada en 60 mil millones de dólares, mas 40 mil millones de deuda interna y externa, en circunstancias que las reservas internacionales se han reducido (o desplomado) de 15 mil millones de dólares a una décima parte.

Oculto en el Chapare para eludir la orden judicial de captura por haber violado a una menor de edad, Morales siempre será un factor de desestabilización, una amenaza al régimen, aunque el nuevo jefe de Estado ha dicho que actuará con firmeza ante las asonadas que perpetre.

Ese será, sin duda, el gran reto para construir un Estado constitucional de derecho que sustente un sistema democrático productivo y eficiente en la nación del altiplano.

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