no podemos soslayar que el anterior mandatario azteca, Andrés Manuel López Obrador, (AMLO), envenenó las relaciones con el Perú, entrometiéndose en asuntos de competencia interna para que el Congreso de la República reponga en la jefatura de Estado al profesor chotano,
El asilo o refugio es una institución humanitaria que tiene por objeto proteger la vida o la libertad de una persona perseguida por tiranos o dictadores. Su origen data de tiempos inmemoriales, cuando un ciudadano ingresaba a la iglesia en búsqueda de protección, para impedir que lo capturen y conduzcan a la cárcel o, peor aún, que lo asesinen.
Internacionalmente, el asilo – registrado en el artículo 36 de nuestra Constitución – fue reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a través de la resolución 217 A de la Asamblea General de la ONU de 10 de diciembre de 1948, que en el artículo 14 dice que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él en cualquier país”.
Ese beneficio pretende alcanzar la ex premier Betssy Chávez, alojada en la residencia de la embajada mexicana, pero el Gobierno del Perú no le ha extendido salvoconducto para viajar en calidad de asilada política.
No lo ha hecho porque violaría el convenio suscrito en Caracas el año 1954 que, en su artículo tercero, dice que «no es lícito conceder asilo a personas que al tipo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenados por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas».
El mismo principio consagra la ley peruana sobre asilo 27840, del 12 de octubre del 2002, de tal manera que ambos dispositivos son concordantes y complementarios.
Recordemos que la ex funcionaria estuvo involucrada en el golpe de Pedro Castillo, por lo cual resultó desaforada del Congreso en marzo del 2023 y los jueces resolvieron que cumpliera prisión preventiva de 18 meses. Sin embargo, fue liberada en septiembre del 2025 tras presentar un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional, que consideró que debía continuar el proceso en libertad.
Al mismo tiempo, una resolución del Poder Judicial determinó que no podía abandonar el territorio nacional por diez meses y la Fiscalía solicitó declararla reo contumaz por no asistir a tres audiencias consecutivas.
Un problema similar ocurrió en Ecuador, cuando México concedió irregularmente asilo al ex vicepresidente de Rafael Correa, ingeniero Jorge Glas, arrestado por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La respuesta de Quito fue fulminante: un comando del Ejército y la Policía irrumpieron violentamente en la residencia azteca para extraer a Glas y conducirlo a un penal de máxima seguridad en Guayaquil.
Por ambos incidentes, Ecuador y Perú han roto relaciones diplomáticas con México, imputando a su gobierno utilizar ilegalmente el artículo cuarto de la Convención de Caracas, que establece que «corresponde al estado asilante (México) calificar la naturaleza del delito o los motivos de la persecución».
Sobre ese tema, el reciente comunicado de Torre Tagle ha sido enfático al señalar que «en los últimos años se ha hecho uso indebido de esta norma, calificando delitos comunes como casos de persecución política», agregando que así se pretende «eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales».
Fijando una posición principista en el marco del derecho internacional y para evitar problemas futuros, el canciller Hugo de Zela ha anunciado que planteará a los países miembros de la OEA una propuesta para modificar el Tratado de 1954 con el propósito de evitar que se manipule la institución del asilo y para así dejar al descubierto la tracalera maniobra mexicana.
En ese contexto, no podemos soslayar que el anterior mandatario azteca, Andrés Manuel López Obrador, (AMLO), envenenó las relaciones con el Perú, entrometiéndose en asuntos de competencia interna para que el Congreso de la República reponga en la jefatura de Estado al profesor chotano, propósito que no consiguió; y, en estulta y patética represalia, se negó a traspasar al Perú la secretaría pro tempore de la Alianza del Pacífico y determinó debemos contar con visa para viajar a su país.
Esa política confrontacional ha seguido su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien no es otra cosa que una pelele o marioneta que cumple disciplinadamente las órdenes de su jefe político, a tal extremo de exhibirse con el abogado de Castillo, el argentino Guido Croxatto, para ambos respaldar al encarcelado ex mandatario peruano.
Quizás México se atreva a recurrir al Tribunal de Justicia de las Naciones Unidas por nuestra negativa de entregar salvoconducto a la ex premier. Decimos quizás porque, de hacerlo, nuestro país cuenta con sólidos argumentos para demostrar la legalidad de su decisión y dejar en evidencia las tropelías del régimen azteca.
