El gobierno dispondrá estrictas sobre el comportamiento de los internos de los centros penitenciarios a nivel nacional, como el rapado de cabello y el uso obligatorio de uniformes, informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura.
Ejecutivo publicará en los próximos días nuevo decreto en materia de seguridad, anunció ministro de Justicia
Con relación al corte de cabello, descartó que se busque imitar modelos extranjeros y explicó que ello obedece estrictamente a razones de salubridad, para prevenir contagios de ciertas enfermedades; y de seguridad, al señalar que hay reos que esconden objetos tales como armas en los cabellos largos.
En el caso de la vestimenta, sostuvo que esta medida busca que haya una uniformidad y que los internos «entiendan que no puede haber jerarquías dentro de los establecimientos penitenciarios y que todos son tratados por igual». Asimismo, indicó que aún no se ha definido un color para dicho uniforme.
Además, Martínez anunció que en los próximos días emitirán un nuevo decreto legislativo, en materia de seguridad ciudadana, para crear un régimen penitenciario orientado a los reos de mayor peligrosidad.
Precisó que dicha norma modificará el Código de Ejecución Penal, a fin de que estos internos tengan más restricciones en cuanto a las visitas y horas de patio, al haberse detectado que estas ocasiones son aprovechadas para planificar sus delitos o para el ingreso de objetos prohibidos a los penales.
Según se sabe, el Decreto Legislativo 1710 justifica la creación de la Sunir señalando que los diseños actuales del INPE y del Pronacej evidencian “limitaciones estructurales y funcionales” que dificultan la capacidad de respuesta eficiente ante el aumento de la ola criminal.
«En los próximos días vamos a anunciar ya un nuevo decreto legislativo modificando el Código de Ejecución Penal, creando un nuevo régimen penitenciario, el más duro. Es un régimen especial, en donde se van a establecer, por ejemplo, estas restricciones en las visitas, en las horas del patio, la prohibición de que estén en los pasadizos, en las escaleras», señaló a Radio Nacional.
El objetivo de la nueva entidad es reducir las condiciones que facilitan la corrupción y la infiltración del crimen organizado en los penales.
El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) resaltó también que, a la fecha, ya han realizado más de 824 traslados de reclusos a otros penales, para la recuperación del principio de autoridad en dichos establecimientos.
Precisó que, como parte de este reordenamiento, los de mayor peligrosidad –como cabecillas de banda, secuestradores y extorsionadores– están siendo derivado a los penales de Challapalca (Tacna), Yanamayo, Cochamarca (ambos en Pasco) y Ancón I (Lima), mientras que los internos menos peligrosos están quedándose en el penal de Lurigancho.
Una comitiva de transición tendrá 90 días hábiles, prorrogables a 30 días más, para implementar a la nueva
Al respecto, el gerente general del INPE, Luis Vega Marroquín, en diálogo con RPP, precisó que se creará una Comisión de Transferencia en un plazo máximo de diez días hábiles, y acotó que se tratará de un “cambio gradual” que se requería desde hace más de 20 años.
El proceso de fusión deberá concluir en un plazo de 90 días hábiles y se podrá prorrogar por 30 días más.
“Lo que buscamos, lo que se busca con esto es una correcta administración del sistema penitenciario del país. Una verdadera resocialización y reinserción a la sociedad por parte de los internos de nuestros penales”, indicó.
Y agregó; “… es un sistema muy venido a menos. Es un sistema que requiere y demanda gritos, atención, atención que a través de esta superintendencia se está buscando”.
¿Quién presidirá el comité de transferencia?
El funcionario detalló que, de acuerdo con la normativa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Walter Martínez, será el encargado de presidir la Comisión de Transferencia y estimó que en los próximos días se conocerá la relación de funcionarios que conformarán el comité.
“Desde la parte administrativa del INPE, venimos en este momento reuniéndonos inclusive con aquellos trabajadores destacados de las instituciones que tendrían que absorberse”, aseveró.
La norma precisa que, hasta que culmine el proceso de transición, las tres entidades continuarán operando.
La Sunir estará liderada por un jefe de Superintendencia, designado por Resolución Suprema, eliminando la figura del Consejo Nacional Penitenciario a fin de agilizar la toma de decisiones.
Para acceder al cargo, se exigirá una experiencia general de diez años y específica de cinco años en puestos directivos.
En otro momento, señaló que la creación de la Sunir en reemplazo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es un cambio estructural «y no solo un simple cambio de nombre», como señalan algunas voces.
Martínez Laura sostuvo que el decreto supremo que da origen a la Sunir contiene normas generales que, luego, serán desarrolladas mediante directivas y protocolos, donde se normarán acciones como el reordenamiento y reclasificación de los internos.
