La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿para qué existe el Tribunal Constitucional si sus decisiones pueden ser ignoradas sin consecuencias? Si el máximo intérprete de la Constitución no es respetado
Lo ocurrido con el juez Jorge Chávez Tamariz no es un hecho aislado ni una simple opinión desafortunada, es una señal preocupante de una tendencia que parece consolidarse en ciertos sectores del sistema de justicia en el Perú.
Calificar a miembros de las Fuerzas Armadas que combatieron y derrotaron la subversión como “nazis” no solo es una comparación profundamente injusta, sino una distorsión grave de nuestra historia reciente y una falta de respeto a quienes defendieron al país en sus momentos más críticos.
Sin embargo, el problema de fondo es aún más serio. No estamos solo ante un exceso verbal, sino ante una abierta resistencia a acatar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional respecto a la Ley 32107, que establece con claridad el marco sobre los delitos de lesa humanidad.
En un Estado de derecho, las decisiones del Tribunal Constitucional no son opcionales: son de obligatorio cumplimiento para todos, especialmente para quienes administran justicia.
Cuando un juez decide apartarse deliberadamente de ese marco, no por una interpretación razonable sino por convicciones personales o sesgos ideológicos, se cruza una línea peligrosa. Eso no es independencia judicial: es arbitrariedad. Y cuando esa conducta implica desconocer el orden constitucional vigente, estamos frente a hechos que deben ser evaluados bajo la figura de prevaricato y de un total y flagrante abuso de autoridad.
Por ello, corresponde exigir, con la mayor firmeza, que estas actuaciones sean investigadas de manera inmediata por los órganos competentes; y estoy seguro que se comprobara fehacientemente que sí se ha actuado en abierta contradicción con la Constitución y con lo resuelto por el Tribunal Constitucional, no basta pues con una llamada de atención, corresponde la denuncia e inmediata destitución del juez Jorge Chávez Tamariz, conforme a ley.
Asimismo, la responsabilidad no puede limitarse a un solo magistrado. La conducción del Poder Judicial tiene el deber de garantizar que sus integrantes actúen dentro del marco constitucional. Si existe tolerancia, omisión o falta de acción frente a este tipo de conductas, también debe ser objeto de evaluación, de investigación.
En ese sentido, resulta legítimo demandar que se investigue la actuación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; y estoy convencido que se encontrará responsabilidad funcional, consiguientemente se deberá proceder igualmente con las acciones legales correspondientes, incluida por supuesto con su destitución.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿para qué existe el Tribunal Constitucional si sus decisiones pueden ser ignoradas sin consecuencias? Si el máximo intérprete de la Constitución no es respetado, lo que se debilita no es solo una institución, sino todo el sistema de justicia.
El Perú necesita jueces independientes, sí, pero también responsables, objetivos y sometidos al imperio de la ley. Sin ese equilibrio, no hay seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica, no hay Estado de derecho que pueda sostenerse.
