lo que está ocurriendo ya no puede ser encubierto bajo la etiqueta de “problemas operativos”.
El escrutinio conducido por la ONPE evidencia algo más que ineficiencia: muestra desviaciones en variables críticas del proceso tiempos de procesamiento, secuencia de digitación y criterios de publicación que, en conjunto, terminan afectando la formación de la percepción pública.
NO ESTAMOS ANTE UN SIMPLE RETRASO.
ESTAMOS ANTE UNA GESTIÓN DEL FLUJO DE INFORMACIÓN ELECTORAL.
Y en un sistema democrático, la forma en que se administra ese flujo no es neutral.
La denominada lentitud selectiva cuando ciertos tipos de actas o determinadas jurisdicciones ingresan con rezagos sistemáticos rompe un principio básico de cualquier proceso de cómputo electoral: la aleatoriedad en la incorporación de resultados. Cuando esa aleatoriedad se pierde, el escrutinio deja de ser estadísticamente inocuo.
Empieza a tener efectos.
EFECTOS CONCRETOS SOBRE TENDENCIAS, NARRATIVAS MEDIÁTICAS Y EXPECTATIVAS CIUDADANAS.
No es necesario acreditar una manipulación directa del resultado final para identificar un problema estructural.
BASTA CON OBSERVAR QUE EL PROCESO, EN SU DINÁMICA, INTRODUCE SESGOS TEMPORALES CAPACES DE INFLUIR EN LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO.
Y cuando esos sesgos no son aislados, sino consistentes, dejan de ser atribuibles al azar.
SE CONVIERTEN EN DECISIONES OPERATIVAS CON IMPACTO POLÍTICO.
Ese es el punto incómodo que el sistema evita enfrentar.
Porque incluso si el resultado final fuera correcto en términos aritméticos, un proceso que distorsiona la percepción durante su desarrollo compromete un activo igual de importante:
LA CONFIANZA.
Y aquí entra el segundo nivel de gravedad: la inacción del Jurado Nacional de Elecciones.
SU SILENCIO NO ES UNA POSICIÓN TÉCNICA. ES UNA OMISIÓN FUNCIONAL.
EL JURADO NO ESTÁ PARA REACCIONAR ÚNICAMENTE ANTE FRAUDES CONSUMADOS, SINO PARA IMPEDIR QUE ESTOS SE GESTEN.
Su función no es pasiva ni reactiva: es preventiva.
Eso implica intervenir no solo cuando hay pruebas concluyentes de irregularidades, sino cuando la propia conducción del proceso en particular la administración del escrutinio genera una incertidumbre razonable que compromete la confianza pública.
Porque cuando la duda es fundada y la autoridad guarda silencio o actúa tarde, YA NO ESTÁ GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD DEL PROCESO: ESTÁ PERMITIENDO SU DETERIORO.
Aquí la disyuntiva es clara:
NO TIENE CAPACIDAD DE SUPERVISIÓN EFECTIVA EN TIEMPO REAL,
O DECIDE NO EJERCERLA.
Ambos escenarios son institucionalmente críticos.
Más aún cuando el propio Jurado ya ha demostrado que puede alterar o flexibilizar condiciones del proceso electoral bajo criterios excepcionales.
ESA DISCRECIONALIDAD, SI EXISTE PARA HABILITAR, TAMBIÉN DEBE EXISTIR PARA CORREGIR.
No se puede ejercer autoridad para flexibilizar…
Y ABDICAR DE ELLA CUANDO SE TRATA DE GARANTIZAR TRANSPARENCIA.
Lo ocurrido revela una falla más profunda que un problema logístico: evidencia una debilidad en el control del proceso electoral como sistema.
Un sistema donde:
LA ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO NO ES NEUTRA,
LA SECUENCIA DE INFORMACIÓN NO ES INDIFERENTE,
Y LA SUPERVISIÓN NO ES OPORTUNA,
ES UN SISTEMA VULNERABLE, INCLUSO SIN NECESIDAD DE FRAUDE DIRECTO.
Y ese es el punto que incomoda:
la legitimidad no se pierde únicamente cuando se altera el resultado,
sino también cuando el proceso empieza a comportarse de una manera que hace plausible dudar de él.
Porque en democracia, la confianza no se exige.
Se construye.
Y HOY, EL PROPIO SISTEMA ELECTORAL ESTÁ HACIENDO EXACTAMENTE LO CONTRARIO.
NO ESTAMOS ANTE UN SIMPLE RETRASO.