La seguridad no puede seguir siendo una promesa de campaña. Es un derecho de todos los peruanos. Y la justicia no puede ser para unos pocos.
Después de observar y analizar el descalabro entre los Ministerios de Defensa e Interior, el alto mando de la Policía Nacional y determinadas expresiones de un periodismo parcializado, resulta imposible no cuestionar las acciones y declaraciones que han rodeado el feroz crimen ocurrido recientemente en Trujillo.
Una ciudad convulsionada desde hace años por la minería informal, el tráfico ilegal de oro y el uso irregular del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), donde el rapto del joven comerciante Jenn Lara Tantaquilla terminó con la muerte de cuatro personas, no puede seguir siendo escenario de impunidad, desorden y falta de autoridad.
Pero el problema de Trujillo es todavía más profundo. Desde hace aproximadamente tres décadas, la ciudad arrastra denuncias y cuestionamientos relacionados con mafias dedicadas al tráfico de terrenos, invasiones, lotizaciones ilegales y determinados sectores de la construcción civil. Mafias que, según diversas denuncias y testimonios públicos, habrían logrado penetrar y establecer redes de influencia capaces de sobrevivir al paso de gobiernos, autoridades y administraciones.
Cuando el tráfico de terrenos se convierte en un negocio millonario, aparecen necesariamente intermediarios, testaferros, falsificadores, cobradores, amenazas y violencia. Y cuando estas organizaciones pretenden controlar obras y puestos de trabajo, la construcción civil puede transformarse en otro espacio de disputa, extorsión y poder.
Lo más grave no es únicamente la existencia de estas mafias, sino la reiterada sospecha de que funcionarios públicos de las instituciones encargadas de combatirlas habrían actuado dolosamente, ya sea por acción, omisión, negligencia o corrupción. Policías, fiscales, jueces y notarios han sido señalados en diferentes denuncias públicas como posibles facilitadores o encubridores de operaciones ilegales.
Estas acusaciones deberían haber sido investigadas hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, eso no ha ocurrido durante más de 30 años. Mientras tanto, la mafia reina y gobierna, y las autoridades permanecen inmutables.
Una mafia no puede funcionar durante treinta años únicamente por la fuerza de sus delincuentes. Necesita, en algún momento, silencios, complicidades, negligencias o puertas institucionales abiertas.
Hoy, las mafias parecen haber extendido su influencia a gran parte de la nación, convirtiéndose en un verdadero gobierno paralelo que pretende regentar el país mediante el terror. No olvidemos que la extorsión, el secuestro y el sicariato son el impuesto que pagamos los peruanos al hampa mafiosa que pretende someternos.
Todo esto afecta cada día más al Gobierno de Keiko Fujimori, que aún no encuentra una salida clara frente a un problema que amenaza no solo la seguridad de los peruanos, sino también la estabilidad del país y el esfuerzo por recuperar la democracia y el orden institucional.
Resulta preocupante, además, observar el accionar de determinadas autoridades que, lejos de contribuir a la solución, parecen empeñadas en generar mayor confrontación y desestabilización.
Tenemos el caso del actual Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, elegido por el Congreso en mayo de 2023 para ejercer el cargo hasta 2028. La Defensoría del Pueblo debe actuar con absoluta independencia y autonomía, protegiendo los derechos ciudadanos, investigando posibles abusos y supervisando que las instituciones del Estado cumplan correctamente sus funciones.
Sin embargo, su actuación ha sido, a nuestro juicio, insuficiente frente a la grave situación que atraviesa el país.
El almirante Francisco Calixto Giampietri, recientemente elegido presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno, ha cuestionado duramente al Defensor del Pueblo por sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso. Según Giampietri, Gutiérrez habría señalado que una medida de esa naturaleza contaría con el respaldo del 80 % de la población.
Cabe preguntarse: ¿Qué pretende un Defensor del Pueblo al realizar declaraciones de esta naturaleza? Su responsabilidad debería ser contribuir a la defensa de la institucionalidad democrática y de los derechos ciudadanos, no alimentar escenarios de confrontación política.
Los peruanos necesitamos autoridades que estén a la altura de sus responsabilidades, especialmente cuando el país enfrenta una de las etapas más difíciles en materia de inseguridad.
El Perú necesita recuperar la autoridad
No queremos un país donde el ciudadano tenga miedo de salir a la calle, donde los comerciantes sean extorsionados, las familias vivan aterrorizadas por el sicariato y las mafias puedan apropiarse de terrenos, controlar barrios, imponer condiciones en obras de construcción y desafiar abiertamente al Estado.
Queremos un país donde la ley se cumpla, la autoridad se respete y el delincuente sepa que sus actos tendrán consecuencias.
El General de la Policía Nacional del Perú Fredy López Mendoza fue nombrado como el nuevo Comandante General de la PNP y asumirá este cargo el 16 de septiembre, reemplazando al General PNP Oscar Arriola. ¿Qué de nuevo traerá eso?
El Perú necesita recuperar la confianza en sus instituciones: jueces independientes, fiscales comprometidos, una Policía fortalecida y tecnificada, Fuerzas Armadas respetadas y autoridades con el valor de hacer lo correcto, aunque hacerlo tenga un costo político.
La seguridad no puede seguir siendo una promesa de campaña. Es un derecho de todos los peruanos. Y la justicia no puede ser para unos pocos.
Después de escuchar el excepcional discurso de Marco Rubio Secretario de Estado de Donald Trump, donde expresó claramente que “La violencia de la Izquierda no es una Protesta, es una Revuelta de lo Peor, contra lo Mejor” Veremos entonces qué acordó Keiko Fujimori en la reunión realizada con él, este 10 de septiembre.
Señora Keiko Fujimori actúe con firmeza, decisión y autoridad.
El Gobierno y todas las instituciones públicas tienen la obligación de devolver a los peruanos la seguridad, la justicia y los valores que hoy tanto necesitamos. No podemos estar disculpando las acciones a tomar, en “Seguridad, Justicia y el Fenómeno del Niño”, aunque el gobierno tenga solo mes y medio de instalado, ya que en estos rubros hay que actuar de inmediato con la fuerza que se requiere y rápido, quizás con algunos decretos supremos. Otros rubros de repente tomen más tiempo, salud, educación etc. Eso es comprensible.
Trujillo y el Perú entero no pueden continuar pagando el precio de décadas de permisividad. Las mafias no pueden ser más poderosas que el Estado. Y ningún funcionario, empresario, dirigente o delincuente debe sentirse intocable.
¡COMUNISMO Y TERRORISMO, NUNCA MÁS! ¡VIVA EL PERÚ!
