“Hay 150 cuerpos de peruanos pudriéndose en una morgue de Rostov, en Rusia”, denunció la viuda de uno de nuestros connacionales después de visitar el depósito de cadáveres de una ciudad portuaria ubicada a 150 kilómetros de Ucrania.
Esos compatriotas fueron captados a través de mensajes en Instagram y Telegram o mediante reclutadores que ofrecían puestos de trabajo en empresas privadas de seguridad, con sueldos de hasta 4 mil dólares mensuales y un bono entre 20 y 40 mil dólares, según informe del portal Infobae.
Antes de viajar, hacían que los interesados firmaran contratos en ruso, confiscando sus pasaportes y cualquier otro documento de identidad.
Lo cierto es que estas captaciones son ilegales, de acuerdo con las leyes peruanas y convenios internacionales, conforme denunciamos en un artículo publicado el 20 de agosto en el diario Expreso.
Son ilegales porque el numeral 23 de la Constitución establece que un peruano solo puede servir en ejércitos extranjeros con autorización expresa del jefe de Estado, lo cual no ha sucedido. Y, más extensamente, porque así lo estipula la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Financiación, Entrenamiento y Uso de Mercenarios, aprobada por Resolución 44/34 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Se estima, empero, en 28 mil los extranjeros de 40 países que están en la primera línea de combate contra Ucrania, guerra que se acerca a cinco años de duración.
El bloque más fuerte lo constituyó el Grupo Wagner, integrado por 50 mil efectivos y liderado por Alkséi Milchakov y Yan Petrovski, que terminaron confrontando con el Ministerio de Defensa de Rusia: ambos perdieron la vida en extraños accidentes de aviación.
La expansión de estos batallones de mercenarios comprende Sudán, Mali, Libia, Serbia, Moldavia, Guinea Ecuatorial, Mozambique y el Congo. Se calcula en 150 las empresas militares privadas. Según diversas fuentes, 10 mil exmilitares colombianos serían el bloque más grande del hemisferio.
La Asamblea Parlamentaria de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa), integrada por 57 Estados, calificó como terroristas a esas agrupaciones.
En ese contexto, ha sido importante que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú levante su voz de protesta contra el mercenarismo y el mensaje tendría mayor impacto si lo replicara en los organismos multilaterales, especialmente en la ONU y la OEA, instituciones que dicen poco o nada ante esos actos ilegales.