Hay hechos que un país que sufrió durante años el terrorismo no puede mirar con indiferencia, ni mucho menos olvidarlo.
Si se confirma que personas vinculadas orgánicamente a MOVADEF han sido contratadas como asesores o trabajadores del Congreso de la República, estamos ante un hecho que merece una explicación clara y una investigación inmediata.
MOVADEF no es un movimiento político cualquiera. Su relación con el pensamiento y la organización de Sendero Luminoso ha sido señalada y documentada por organismos del Estado y por investigaciones policiales y fiscales. Por eso, cualquier vínculo comprobado con esa organización debe ser examinado con especial cuidado cuando se trata de personas que trabajan dentro del Poder Legislativo.
El Congreso representa a todos los peruanos. Sus trabajadores son pagados con recursos públicos, es decir, con el dinero de los ciudadanos. Por eso resulta legítimo preguntar: ¿qué controles se realizaron antes de contratar a estas personas?, ¿quién las recomendó?, ¿quién autorizó sus contratos?, ¿qué funciones cumplen actualmente?
No se trata de perseguir ideas políticas. Se trata de establecer dónde termina la libertad de pensamiento y dónde comienza la participación en organizaciones vinculadas al terrorismo o la defensa de sus acciones.
El Perú vivió años de asesinatos, coches bomba, secuestros, atentados y destrucción. Miles de familias perdieron padres, madres, hijos y hermanos. Muchos peruanos, además, vivimos directamente aquellos años de violencia y sabemos lo que significó enfrentar a Sendero Luminoso.
Por eso el Congreso debe ser especialmente cuidadoso.
Si una investigación demuestra que determinados trabajadores mantienen una vinculación real y actual con MOVADEF o con estructuras relacionadas con Sendero Luminoso, corresponde evaluar su situación conforme a la ley y determinar las responsabilidades que pudieran existir. Y si también existen indicios de que algún parlamentario contrató deliberadamente a una persona con esas vinculaciones para promover o justificar el terrorismo, corresponde que las autoridades competentes investiguen esos hechos y determinen si existe responsabilidad penal.
Lo que no puede ocurrir es que el Estado contrate con dinero de los peruanos a personas cuya relación con una organización vinculada al terrorismo haya sido comprobada, sin siquiera explicar por qué fueron incorporadas al Congreso.
La democracia tiene derecho a ser amplia y tolerante, pero también tiene el deber de defenderse.
Una cosa es respetar las libertades que garantiza la Constitución. Otra muy distinta es abrir las puertas de una institución fundamental del Estado a quienes, después de una investigación seria, pudieran mantener vínculos con organizaciones que buscaron destruir precisamente ese Estado mediante la violencia.
El Congreso debe dar una explicación. Y si existen hechos que puedan constituir delito, debe investigarlos el Ministerio Público.
El terrorismo no puede volver a entrar por la puerta de atrás de las instituciones democráticas.
¡¡Por las víctimas de ayer y el futuro de mañana, memoria y justicia!!
