Escribe: Fernando Peña Aranibar

Hay palabras que en política se pronuncian con tanta facilidad que terminan perdiendo su verdadero significado. Orden es una de ellas.

La presidenta Keiko Fujimori hizo del orden una de las principales banderas de su campaña: orden frente al caos, frente a la delincuencia y frente a la inseguridad. Un concepto sencillo, contundente y políticamente poderoso.

Pero el orden tiene una dificultad: obliga a ser consecuente.

No consiste solamente en ejercer autoridad, endurecer penas o anunciar mano firme. También supone disciplina, reglas claras y, sobre todo, que esas reglas se apliquen sin privilegios.

Por eso, las denuncias y cuestionamientos sobre un eventual tratamiento diferenciado a los menores del Liceo Naval internados en Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima -conocido como Maranguita-, merecen una explicación transparente. Las autoridades responsables han sostenido que no existe trato privilegiado y que las condiciones responden a los protocolos correspondientes.

Bien. Entonces que se esclarezca.

Sin especulaciones, pero también sin pretender que las preguntas desaparezcan porque una institución las niega. Si no existe ningún privilegio, que se explique y se demuestre. Y si existen diferencias, que se conozca con claridad cuál es su fundamento.

La cuestión es sencilla: ¿por qué existen determinadas condiciones?, ¿son iguales para todos?, ¿si son diferentes, cuál es la razón?, ¿existe un fundamento legal, técnico o de seguridad que las justifique?, ¿se aplican los mismos criterios a otros internos en circunstancias similares?

No son preguntas maliciosas. Son preguntas elementales cuando se trata del funcionamiento de una institución pública.

Estamos hablando de adolescentes sometidos a medidas de internamiento, cuyos derechos deben ser respetados y cuyas condiciones deben responder a reglas objetivas. Precisamente por eso, garantizar derechos no debería confundirse con conceder beneficios injustificados.

Si las diferencias tienen una explicación objetiva y están contempladas en los protocolos, el asunto debe quedar esclarecido. Pero si se comprobara que hubo beneficios sin sustento, el problema sería mucho más serio. No solamente por quienes los hubieran recibido, sino por el mensaje que recibirían los demás internos.

Porque quienes están dentro de Maranguita observan, comparan y también se preguntan por qué las condiciones de unos podrían ser distintas de las de otros.
Y ahí aparece el verdadero problema político: la autoridad necesita ser percibida como justa para poder exigir disciplina.

No basta decir que existen reglas. Hay que demostrar que se aplican de manera coherente.

Resulta difícil construir respeto por la autoridad cuando queda instalada la percepción -sea correcta o equivocada- de que el trato puede variar según quién sea la persona involucrada.

Conviene, además, precisar algo fundamental: no se trata de quitar derechos a nadie. Estos adolescentes tienen derechos y el Estado tiene la obligación de garantizarlos. La discusión es otra: si esos derechos pueden protegerse sin establecer diferencias injustificadas frente a otros internos.

Esa es la pregunta que corresponde responder con información y transparencia, no con consignas. Porque el Estado no puede permitirse alimentar la impresión de que las instituciones funcionan de una manera para unos y de otra para otros. En el Perú esa percepción ya tiene demasiada fuerza como para que las propias instituciones públicas contribuyan, por acción u omisión, a profundizarla.

Y aquí vuelve a aparecer el discurso político sobre el orden.

Si el orden es realmente una política de Estado, no puede reducirse a autoridad y disciplina. También significa igualdad ante las reglas. Significa que toda excepción debe tener una razón objetiva. Significa que los privilegios sin justificación no pueden formar parte del funcionamiento de una institución pública.

Y significa, sobre todo, que la autoridad debe estar dispuesta a explicar sus decisiones.
Porque gobernar en nombre del orden implica bastante más que pronunciar esa palabra durante una campaña. Implica demostrar que las reglas funcionan con transparencia, explicar las diferencias cuando existen y garantizar que el origen social, el apellido o las relaciones de una persona no determinen la manera en que el Estado la trata.

Por eso, este caso debe esclarecerse hasta el final. No para condenar anticipadamente a nadie, tampoco para convertir a estos adolescentes en blanco de una persecución pública, pero mucho menos para ignorar los cuestionamientos que se han planteado.

La pregunta, finalmente, es muy sencilla y debería serlo también la respuesta: ¿Las reglas son las mismas para todos?

Si la respuesta es sí, que se demuestre con transparencia. Y si existen diferencias, que se explique por qué.

Porque el orden no puede consistir únicamente en exigir disciplina a quienes están abajo. El verdadero orden empieza cuando las reglas también son claras para quienes, por su origen o sus circunstancias, podrían tener mayores posibilidades de recibir un trato diferente.

Ese es, finalmente, el asunto que este caso ha puesto sobre la mesa.