El Perú necesita ya, “por la fuerza”, autoridad, justicia, orden y paz.
Nuestra sociedad está enferma. No puede ser posible que los delincuentes comunistas, izquierdistas y sus seguidores sigan fingiendo que son demócratas. Esta calaña de enemigos del Perú debería estar proscrita. Setenta días de gobierno bastan para comprobar que el problema del Perú no está solamente en la delincuencia que asesina, extorsiona y secuestra. El problema está también en las instituciones que no responden, en la política que obstruye y en una sociedad que, elección tras elección, permite que los mismos males regresen al poder.
El Gobierno lleva aproximadamente sesenta días intentando gobernar en medio de una realidad que no admite más demoras: inseguridad desbordada, criminalidad organizada, terrorismo urbano amenazas internas y externas, cárceles bajo presión, fronteras vulnerables y la necesidad de prepararse para fenómenos climáticos que pueden golpear nuevamente al país, sumado a la urgente necesidad de reestructuración de un paquidérmico, corrupto e ineficiente sobrepoblado estado.
Frente a esa emergencia, el Ejecutivo solicitó al Congreso facultades legislativas para actuar con mayor rapidez. Sin embargo, durante dos meses el pedido ha permanecido entrampado entre comisiones, dictámenes y discusiones parlamentarias. La Comisión de Justicia llegó a declarar no viable la delegación en doce submaterias vinculadas con seguridad, legislación penal, ejecución penal, Policía, orden interno, sistema penitenciario y migración.
Recién tras dos meses de inacción, la Comisión de Constitución aprobó una fórmula reducida a seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, por 90 días. Y recién hoy, 6 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados debate el asunto. Cabe mencionar que, en la historia política del Perú, nunca un congreso había negado más del 72% de las facultades legislativas a un nuevo gobierno. La de estos congresistas comunistas lo ha pretendido durante 2 meses y aun no han sido otorgadas al gobierno, ni parcial ni totalmente.
La pregunta es inevitable: ¿Cuánto tiempo más puede esperar un país que está siendo golpeado diariamente por la criminalidad?
El Congreso tiene, naturalmente, la facultad constitucional de legislar y ejercer control político. Nadie discute ese derecho. Pero ejercer una función constitucional no debería convertirse en una carrera de obstáculos cuando están en juego la seguridad, la vida de los ciudadanos y la prevención de emergencias.
Y mientras el Legislativo traba intencionalmente y políticamente al nuevo gobierno, aparece otro escenario igualmente preocupante: el Poder Judicial.
La presidente del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó públicamente las declaraciones formuladas por la presidente Keiko Fujimori ante las Naciones Unidas respecto de los procesos judiciales contra militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo, y llegó a pedirle que se retractara.
Aquí existe una discusión institucional que el Perú no puede eludir: independencia judicial no significa inmunidad frente a la crítica y menos de la presidenta del poder judicial, que no posee un registro público oficial que indique cuántos juicios en el Poder Judicial del Perú, la institución que elle regenta, llevan aberrantemente 20 o más años sin concluir.
El problema se vuelve todavía más grave cuando existen denuncias sobre procesos prolongados contra miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que participaron en operaciones contra el terrorismo o en la defensa del orden público. Son cuantiosas las denuncias ante la Junta Nacional de Justicia por actuaciones que, politizadas, inmersas en corrupción o contrarias a la ley y la Constitución, han estado y están aún en curso.
Pero hay otro espejo en el que debemos mirarnos: las elecciones.
La información disponible muestra que el problema no se limita a quienes llegan al Congreso. En las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, una investigación basada en las hojas de vida presentadas al JNE identificó 1.739 candidatos que declararon sentencias condenatorias, incluyendo casos relacionados con corrupción, estafa, conducción en estado de ebriedad, tráfico ilícito de drogas y violencia familiar, y en las congresales más de 297 sentenciados.
Pero el dato plantea una pregunta mucho más crítica: ¿Qué sociedad de anémicos mentales somos, cuando personas con antecedentes pueden volver a solicitar la confianza ciudadana y cuando una parte del electorado está dispuesta a entregársela?
Aquí está quizá la enfermedad más profunda del Perú.
No se trata de afirmar que la mayoría de los peruanos sea delincuente, comunista, terrorista o corrupto. Esa generalización sería injusta y además impediría comprender el verdadero problema.
La enfermedad es otra: la normalización de la mediocridad, del odio político, del enfrentamiento permanente, de la impunidad, del oportunismo, de la miseria moral y de la utilización del Estado como instrumento de intereses particulares.
Un país no se destruye únicamente cuando los delincuentes disparan.
También se aniquila cuando los políticos convierten cada emergencia en una batalla partidaria; cuando las instituciones se enfrentan entre ellas; cuando los procesos judiciales se eternizan; cuando la autoridad pierde credibilidad; cuando los ciudadanos dejan de distinguir entre verdad y propaganda, cuando los medios prostituyen la información; y cuando votar deja de ser un acto de responsabilidad para convertirse en una expresión de resentimiento, fanatismo o conveniencia.
Por eso, el problema del Perú no puede resolverse solamente con más policías, más militares, más leyes o más cárceles.
Necesita urgentemente una revolución moral de la ciudadanía. Porque finalmente los congresistas son elegidos por los ciudadanos. Los presidentes son elegidos por los ciudadanos. Los gobernadores y alcaldes son elegidos por los ciudadanos.
Y si una sociedad continúa eligiendo, tolerando o justificando la indecencia e inmoralidad que después denuncia, debe tener el valor de mirarse al espejo.
El Perú no está condenado.
Pero tampoco será salvado por una sola persona, por un partido político ni por un gobierno.
La verdadera batalla está en recuperar el valor de la verdad, de la responsabilidad, de la autoridad legítima, de la justicia y del patriotismo democrático.
Porque un país puede sobrevivir a un mal gobierno. Puede sobrevivir a un mal Congreso. Puede incluso sobrevivir a instituciones deterioradas.
Lo que resulta mucho más difícil es sobrevivir cuando una sociedad termina acostumbrándose a ellos, y a vivir en la indigencia mental y a convivir con la miseria humana. Y esa es, quizá, la verdadera enfermedad que el Perú debe comenzar a enfrentar. La verdad, moralidad y justicia se enseñan e imponen por la razón o la fuerza, pero no se convive con la maldad y la miseria.
El Perú necesita ya, “por la fuerza”, autoridad, justicia, orden y paz.
