Romper relaciones cuesta poco hoy, pero restablecerlas costará más mañana. La pregunta es qué gana el Perú.
El 1 de septiembre el gobierno de Keiko Fujimori anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán. La Cancillería invocó cuatro motivos: la represión política, las restricciones a la libertad de prensa y la discriminación contra mujeres y niñas; la disrupción de la navegación por el estrecho de Ormuz desde marzo; la incitación a la violencia y la escalada de conflictos en Oriente Medio; y la obstrucción a las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Las relaciones consulares se mantienen.
La cuestión de fondo no es si el Perú debía condenar la conducta del régimen iraní. Había fundamentos de sobra para hacerlo. La cuestión es si romper relaciones diplomáticas era el instrumento más eficaz para promover los intereses peruanos y ampliar nuestra influencia internacional.
Hay un contexto que el comunicado no menciona: la decisión se tomó en plena guerra. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques contra Irán y desencadenaron una guerra que, pese a los altos el fuego y las negociaciones posteriores, sigue condicionando la seguridad regional y el abastecimiento mundial de petróleo. Teherán ha respondido con cientos de misiles y drones contra Israel y sus vecinos del Golfo.
Romper relaciones en ese momento no es solo condenar a un régimen: es tomar posición en un conflicto armado en curso. ¿Qué quedó de la “neutralidad activa” que la Cancillería proclamaba hasta hace poco?
La reacción iraní fue despectiva. El portavoz de su Cancillería, Esmaeil Baghaei, calificó la medida de “gesto vacío”, pues ninguno de los dos países tenía embajada en la capital del otro, y la vinculó con la visita del secretario de Estado Marco Rubio. Esa vinculación es una acusación iraní, no un hecho demostrado. Pero el primer dato es cierto: la ruptura se notificó a través de la embajada de Irán en Ecuador, concurrente ante el Perú.
Lo que el Perú puede ganar
La medida tiene ventajas posibles. Sitúa al Perú en sintonía con las prioridades de seguridad de Estados Unidos e Israel, socios con los que nos conviene una relación estrecha, y puede facilitar conversaciones políticas y de seguridad, aunque no garantiza inversiones ni compromisos concretos. También refuerza nuestra defensa de la no proliferación: un país que promueve el uso pacífico de la energía nuclear tiene razones legítimas para exigir que el OIEA pueda verificar. Y su costo inmediato es bajo, porque la relación bilateral era mínima.
Pero hay una distinción esencial: una decisión que satisface a determinados socios no necesariamente incrementa el peso diplomático del país que la adopta.
Lo que el Perú puede perder
Paradójicamente, el bajo costo inmediato es también la medida del problema. El Perú no perdió un canal de interlocución, que ya era mínimo: perdió una opción. Romper relaciones cuesta poco hoy, pero restablecerlas mañana tendrá un costo político mucho mayor, y cualquier papel futuro del Perú como interlocutor entre posiciones enfrentadas quedará más limitado. Siempre es posible actuar a través de terceros países, pero quien conserva relaciones con todas las partes dispone de más opciones.
El segundo costo es de imagen. La política exterior peruana necesita una relación estrecha con Estados Unidos, pero también una capacidad de decisión propia que nuestros interlocutores reconozcan. En política internacional se respeta a quien sostiene posiciones independientes; un gesto de alto perfil que no trae beneficios visibles corre el riesgo de interpretarse como una concesión.
La respuesta iraní demuestra que, al menos en Teherán, la ruptura ya se lee como un gesto dictado desde fuera, aunque no lo haya sido. Esa percepción importa, porque puede restar autonomía al Perú ante otros países aun cuando sus decisiones respondan a sus propias convicciones.
El tercer costo es menos obvio: la ruptura no necesariamente nos acerca a los países del Golfo, que son precisamente los más afectados por Irán. Arabia Saudita, blanco de cientos de misiles y drones iraníes, respondió en marzo expulsando a cinco representantes de la embajada iraní, incluidos dos funcionarios militares, pero no rompió relaciones. Emiratos Árabes Unidos retiró a su embajador y en agosto suspendió todo comercio y transacción financiera con Irán, pero a la vez reafirmó su compromiso con el diálogo regional.
Ninguno de los dos países permaneció pasivo frente a Irán, pero ambos conservaron canales diplomáticos. Es la vieja realpolitik: incluso bajo ataque, mantienen abierto el canal. Si países agredidos directamente conservan el vínculo, ¿qué gana el Perú siendo más severo a miles de kilómetros?
Por último, la decisión sienta un precedente. Si la represión interna y el deterioro democrático justifican la ruptura, surge una pregunta inevitable: ¿aplicaremos el mismo criterio a todos los Estados que incurran en esas conductas? El Perú mantiene relaciones con varios países seriamente cuestionados en materia de derechos humanos, y no sería razonable romper con todos ellos. La política exterior puede condenar violaciones sin recurrir siempre a la ruptura; lo importante es que el instrumento responda a criterios claros y consistentes.
Qué papel puede tener el Perú en Oriente Medio
Conviene distinguir dos aspiraciones. Ser mediador de los grandes conflictos regionales es poco realista a corto plazo: Türkiye, Arabia Saudita, Catar y Omán tienen relaciones, recursos y capacidades que el Perú no posee. Convertirse en un socio latinoamericano relevante para la región, en cambio, es una aspiración razonable.
Hay oportunidades concretas: inversión, minería, infraestructura y seguridad alimentaria con Arabia Saudita y los países del Golfo; ciencia, innovación, agricultura, gestión del agua y defensa con Israel; comercio, industria, conectividad, turismo y cooperación tecnológica con Türkiye. Aprovecharlas exige mantener abiertos todos los canales posibles, sin organizar estas relaciones exclusivamente alrededor del conflicto con Irán.
Para ello, la Cancillería debería seguir una estrategia de autonomía con asociaciones diferenciadas. Primero, mantener la condena de las conductas iraníes que vulneren obligaciones internacionales, en particular las restricciones a la navegación y la obstrucción a la verificación nuclear: se puede sostener una posición firme sin renunciar indefinidamente al diálogo. Segundo, desarrollar una agenda económica y tecnológica concreta con Arabia Saudita, Emiratos, Catar e Israel; el Perú gana más ofreciendo proyectos que haciendo declaraciones geopolíticas.
Tercero, fortalecer la relación con Türkiye, que combina influencia sobre Siria, pertenencia a la OTAN, capacidad industrial y una política exterior propia. Cuarto, sostener una política diferenciada hacia Siria, que apoye su soberanía y reconstrucción sin desconocer las preocupaciones de seguridad de Israel ni de Türkiye. Y quinto, dejar abierta la posibilidad de restablecer relaciones con Irán cuando cambien, de manera verificable, las circunstancias que motivaron la ruptura.
Haber preservado las relaciones consulares facilita esa posibilidad. Preservar canales diplomáticos no implica aspirar a mediar entre Israel e Irán, sino mantener opciones para iniciativas multilaterales, cooperación y relaciones futuras.
En definitiva, la ruptura puede reforzar la imagen del Perú ante Washington e Israel, pero sus beneficios concretos son inciertos, el acercamiento al Golfo no está garantizado y el costo en flexibilidad y autonomía diplomática es real. Puede ser defendible como expresión de principios, pero no constituye, por sí misma, una estrategia de posicionamiento en Oriente Medio.
La influencia internacional no se mide por el número de países con los que se rompen relaciones, sino por la capacidad de mantener interlocución, defender principios y obtener resultados concretos. Es decir, romper relaciones diplomáticas puede ser una expresión legítima de principios, pero no debe confundirse con una estrategia eficaz de influencia internacional. Si el Perú aspira a ser un interlocutor relevante en Oriente Medio, el objetivo debe ser construir relaciones sustantivas con países de intereses contrapuestos, sin que el vínculo con uno dependa automáticamente del vínculo con otro.
