El Niño terminaría siendo el funcionario ideal: recibe todas las culpas y nunca se defiende.
En meteorología, cuando dos sistemas atmosféricos interactúan, sus efectos pueden superar los previstos individualmente. En política ocurre algo parecido, aunque con una diferencia: la atmósfera obedece a leyes físicas; las autoridades no siempre obedecen al sentido común.
El Perú enfrenta una coincidencia preocupante: la estación de lluvias 2026-2027 y el relevo de autoridades regionales y municipales. Dos acontecimientos normales que podrían producir una tormenta más complicada que la meteorológica.
Las elecciones comprenden 25 gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales y 1.696 distritales: 1.917 administraciones que iniciarán un nuevo periodo en enero, cuando las precipitaciones avanzarán hacia los meses de mayor actividad.
Y aquí comienzan las preguntas incómodas. ¿Cuántas autoridades entregarán sus cargos a antiguos contrincantes? ¿Cuántas administraciones cambiarán de organización política? ¿Cuántos gobernadores y alcaldes pertenecerán al partido del Gobierno nacional? ¿Cuántos empezarán fiscalizando a sus antecesores antes de asumir responsabilidades?
La tormenta ya comenzó
Las autoridades electas pueden solicitar información, cuestionar contratos y anunciar investigaciones. Fiscalizar es legítimo; convertir la transición en una confrontación puede afectar la prevención.
Imaginemos al alcalde saliente que necesita contratar la limpieza de una quebrada. Si teme que su sucesor denuncie cualquier contratación, podría preferir no actuar. El entrante podría concentrarse en señalar deficiencias que todavía no tiene obligación de resolver.
Uno conserva la autoridad, pero teme ejercerla. El otro no gobierna, pero ya encuentra culpables. Y la quebrada sigue esperando mantenimiento.
No afirmo que todos actuarán así. Sin embargo, funcionarios reemplazados, expedientes incompletos y obras pendientes pueden convertir una transición conflictiva en un riesgo adicional.
El problema terminará en Lima
Aquí comienza mi verdadero pronóstico político: las disputas locales podrían convertirse en un problema mayor para el Gobierno nacional.
Imaginemos enero de 2027. Una lluvia intensa inunda viviendas, interrumpe carreteras y destruye cultivos. El alcalde recién elegido asegura que recibió una municipalidad sin presupuesto. Su antecesor sostiene que dejó proyectos encaminados. El gobernador reclama recursos. Un ministro recuerda las competencias subnacionales.
Mientras todos explican quién debía actuar, la población continúa inundada. ¿A quién reclamarán los ciudadanos?Al Gobierno central. Y la oposición tendrá motivos para cuestionar su respuesta.
Ese es el dilema. Si el Ejecutivo interviene, algunas autoridades podrían denunciar intromisión. Si espera la actuación local, podría ser acusado de indiferencia. Si transfiere recursos, deberá asegurar que se utilicen correctamente.
La Ley 29664 establece responsabilidades para gobernadores y alcaldes en la gestión del riesgo. Pero una cosa es la distribución legal de competencias y otra la distribución política de las culpas.
El conflicto puede comenzar en una municipalidad, pero la factura política podría llegar directamente a Palacio de Gobierno. Y esa factura difícilmente detallará quién dejó de limpiar el drenaje.
El Niño como coartada
Existe además una confusión meteorológica que facilita las excusas. En gran parte del Perú tenemos la estación de lluvias todos los años. Puede ocasionar inundaciones y movimientos en masa sin necesidad de un evento El Niño.
El Niño no crea la estación lluviosa. Es un modulador capaz de modificar probabilidades, intensidades y distribución de precipitaciones, según las condiciones oceánicas, atmosféricas y regionales. Encontrar aguas cálidas frente a nuestras costas tampoco permite atribuirle automáticamente cualquier aguacero.
¿Por qué importa? Porque si todos los daños se atribuyen a El Niño, cualquier inundación puede presentarse como acontecimiento extraordinario. Entonces nadie explica por qué una quebrada permaneció obstruida, un puente no fue reforzado o una obra preventiva quedó abandonada.
El Niño terminaría siendo el funcionario ideal: recibe todas las culpas y nunca se defiende.
La meteorología debe proporcionar pronósticos oportunos, localizados y con incertidumbres explícitas; no confirmar después del desastre que llovió. Para eso suele bastar con mirar la TV.
Un pronóstico que podemos evitar
En meteorología trabajamos con escenarios, probabilidades e incertidumbres. No esperamos al desastre para identificar condiciones favorables a su desarrollo. ¿Por qué no aplicar ese razonamiento a la gestión pública?
Mi pronóstico político es que el relevo de autoridades podría agravar los riesgos de la próxima estación de lluvias. No porque necesariamente llueva más, sino porque podríamos responder peor.
Una autoridad que posterga decisiones, otra que prioriza cuestionamientos, equipos reemplazados y recursos sin ejecutar pueden dejar infraestructura vulnerable. Cuando aparezcan daños, la discusión política podría consumir el tiempo destinado a resolverlos y ya suponemos a quien le achacarán la culpa.
Una red sin camiseta
Se podría establecer una Red Regional Independiente de Información y Prevención (o como quieran llamarlo), mediante convenios con colegios profesionales, universidades e instituciones técnicas locales. Podría comenzar con pilotos en las cuencas más expuestas del norte.
Los ingenieros verificarían puentes, drenajes, taludes y obras pendientes. Los médicos identificarían establecimientos sanitarios vulnerables. Arquitectos, geólogos y agrónomos aportarían información sobre viviendas, suelos, cultivos e infraestructura.
Lo importante es trabajar a escala local, donde comienzan muchas afectaciones y donde los informes nacionales pueden llegar tarde. No se trata de reemplazar al SENAMHI, INDECI, CENEPRED ni a las autoridades elegidas, sino de complementar sus funciones con información rápida, verificable y ajena a disputas partidarias.
El Ejecutivo necesita saber qué ocurre, qué intervención falta, quién debe ejecutarla y qué no puede esperar. La red requeriría protocolos públicos y coordinación institucional. En una emergencia, el tiempo es oro, no una oportunidad para convocar reuniones sobre futuras reuniones.
El pronóstico final
No sabemos cuánto lloverá en cada localidad ni dónde ocurrirán los mayores daños. Pero conocemos vulnerabilidades, fechas de relevo y dificultades previsibles de coordinación.
Si el Gobierno nacional no se anticipa, podría quedar atrapado entre autoridades que se acusan mutuamente y ciudadanos que exigen soluciones. Mientras unos discuten quién dejó el problema y otros quién debe resolverlo, el Ejecutivo tendrá que explicar por qué el Estado no respondió.
Mi pronóstico político es sencillo: las lluvias pueden inundar ciudades; la descoordinación puede inundar de responsabilidades al Gobierno nacional. Cuando el agua entre en las viviendas, nadie preguntará de qué partido era el alcalde. Preguntarán por qué el Estado, conociendo el peligro, volvió a llegar tarde.
