El verdadero problema no es cómo se trata a un ministro o a un senador. El problema es si quienes ocupan esos cargos están a la altura de la responsabilidad que les ha sido confiada.
Hay episodios de la vida política que, aun cuando ocurren en circunstancias distintas y separados por varias décadas, terminan dejándonos una misma lección: en democracia, las formas importan. Y mucho. No se trata de una cuestión de títulos, tratamientos protocolares o susceptibilidades personales. Se trata de entender que el respeto, la prudencia y el dominio del propio temperamento son condiciones indispensables para quienes ejercen responsabilidades públicas.
Durante el segundo gobierno del presidente Belaúnde Terry, en setiembre de 1981, se ocasionó un episodio protagonizado por el entonces ministro Chávez Belaúnde y el diputado León de Vivero. Antes de una intervención ministerial, en el marco de una interpelación, Chávez Belaúnde tuvo el desliz de referirse a este último simplemente como: el diputado León de Vivero. La reacción del parlamentario aprista fue furibunda. Reclamó respeto a la condición de congresista y exigió que se dirigieran a él tratándolo como: señor diputado, para terminar espetándole al ministro una expresión que retrataba mejor su propio exabrupto que la autoridad que pretendía defender: «Lo que pasa es que es usted un ministro de mierda».
La reacción de León de Vivero fue, sin duda, destemplada. El respeto a la co9ndición de congresista no se defiende perdiendo los papeles, como tampoco la autoridad ministerial se afirma recurriendo a la confrontación. Lo importante de aquel episodio no era si correspondía emplear un tratamiento protocolar determinado, sino la incapacidad de sus protagonistas para entender que el debate político exige formas, incluso cuando las diferencias son profundas y las circunstancias resultan incómodas.
Viene a colación este recuerdo porque lo acontecido recientemente en el Senado, en el altercado entre ministros y senadores, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que parece haberse perdido en el ejercicio de la función pública: la necesidad de mantener la compostura, aun frente a la provocación.
Lo ocurrido no solo habla del nivel al que ha descendido el debate político. Dice también de la falta de talante y de temple de quienes, por la responsabilidad que ejercen, deberían ser los primeros en entender que no toda provocación merece una respuesta y que no toda confrontación debe terminar convertida en un espectáculo de agravios.
Un ministro de Estado no está llamado a ganar una discusión personal con un parlamentario. Está llamado a representar al Gobierno, defender sus decisiones y responder por su gestión. Para ello necesita argumentos, serenidad y autoridad política. Cuando se deja arrastrar por el intercambio insulso, pierde de vista su responsabilidad y termina colocando al Ejecutivo en una posición innecesariamente incómoda.
Porque una cosa es responder con firmeza y otra, muy distinta, dejarse llevar por la destemplanza. La primera es una expresión de autoridad; la segunda, muchas veces, termina siendo una demostración de debilidad. Quien ejerce una función ministerial debe saber que el cargo exige precisamente aquello que no siempre resulta fácil: guardar la calma cuando otros la pierden, responder sin agraviar y defender una posición sin convertir el desacuerdo en una disputa personal.
Y aquí aparece una responsabilidad política que no puede soslayarse.
Lo sucedido evidencia, una vez más, el penoso papel que viene desempeñando Luis Galarreta en su condición de presidente del Consejo de Ministros. No ha conseguido establecer pautas claras de comportamiento para los integrantes del gabinete, ni parece haber logrado transmitirles la dimensión política de sus responsabilidades frente al Congreso. Tampoco ha sabido construir los puentes necesarios para que la relación entre ambos poderes discurra por los cauces de la tolerancia, el diálogo y el entendimiento institucional.
No se trata de exigir ministros sumisos ante el Parlamento, ni de reclamar que el Ejecutivo renuncie a sus atribuciones para evitar controversias. Se trata de algo bastante más elemental: que quienes representan al Gobierno comprendan que la autoridad no se ejerce a gritos, que el desacuerdo no justifica el agravio y que la firmeza no está reñida con las buenas maneras.
Si el presidente del Consejo de Ministros no es capaz de alinear políticamente a su gabinete, de fijar criterios de conducta y de administrar las diferencias con el Legislativo, entonces su función de articulación política queda seriamente comprometida. Y cuando esa articulación falla, las consecuencias no recaen únicamente sobre el ministro que protagoniza el incidente. Terminan alcanzando a todo el Gobierno y, en particular, a la presidente Keiko Fujimori, a quien le corresponde conducir una administración que necesita resultados, estabilidad y condiciones mínimas de entendimiento con el Congreso.
La Presidente no puede permitirse que sus ministros se conviertan en protagonistas de polémicas que no aportan nada a la gestión pública. Menos aun cuando el país enfrenta problemas que exigen respuestas concretas y cuando la ciudadanía espera que sus autoridades estén a la altura de las circunstancias.
El Ejecutivo y el Legislativo tienen la obligación de entenderse, no porque deban pensar lo mismo, sino porque representan responsabilidades distintas dentro de un mismo sistema democrático. La fiscalización parlamentaria es legítima; la defensa de la gestión gubernamental también. Lo que no resulta admisible es que ambas terminen subordinadas a las susceptibilidades personales, las provocaciones y las reacciones inmoderadas.
La política no necesita funcionarios que confundan autoridad con arrogancia, ni parlamentarios que crean que la investidura los coloca por encima de los demás. Necesita representantes capaces de defender sus posiciones sin perder el respeto por sus interlocutores. Porque los cargos pasan, los gobiernos terminan y las mayorías cambian, pero las instituciones permanecen. Al final, el verdadero problema no es cómo se trata a un ministro o a un senador. El problema es si quienes ocupan esos cargos están a la altura de la responsabilidad que les ha sido confiada.
Y si algo debería aprenderse de estos episodios es que la democracia no se debilita únicamente cuando se desconocen las reglas o se atropellan las instituciones. También se deteriora cuando quienes tienen el deber de fortalecerlas terminan convirtiendo el debate político en una sucesión de ofensas.
Gobernar exige carácter, pero también prudencia. Exige firmeza, pero también respeto. Y exige, sobre todo, saber distinguir entre una provocación que busca arrastrarnos al conflicto y una responsabilidad pública que nos obliga a estar por encima de ella.
Porque cuando quienes gobiernan pierden el temple y quienes legislan pierden la mesura, la política deja de ser el espacio donde se procesan las diferencias y se convierte en parte del problema que debería resolver.
