El Senado no se mide por la facilidad con que aprueba lo que el Gobierno pide, sino por su capacidad de discrepar sin paralizarse. Si lo logra, la demora habrá valido la pena; si no, el calendario y El Niño, pasarán la cuenta.
Hay trámites que parecen puramente procedimentales y que terminan revelando el carácter de un sistema político. La delegación de facultades que pidió la presidenta Keiko Fujimori es uno de ellos. Casi ochenta días después del anuncio, el pedido sigue empantanado, y la Comisión de Constitución del Senado suspendió su debate hasta nuevo aviso. La pregunta de fondo no es solo si habrá facultades, sino qué ocurre con la confianza entre poderes cuando se persiste en el bloqueo.
La consecuencia más tangible es el tiempo. El Ejecutivo solicitó noventa días para legislar en seguridad ciudadana y en el fenómeno El Niño, dos asuntos que no esperan a que los partidos se pongan de acuerdo. Cada semana perdida estrecha el margen para prevenir, y la prevención, a diferencia de la reacción, rara vez recibe aplausos cuando funciona. Esa es quizá la paradoja de esta discusión: se debate con la urgencia de una emergencia que todavía no ha ocurrido.
Pero reducir el conflicto a un asunto de plazos sería injusto con lo que de verdad se discute. Las bancadas de oposición dejaron sin quórum la comisión para exigir que se aclaren primero los límites del Senado frente al texto que aprobó Diputados, que recortó a veinte las sesenta y seis medidas solicitadas. Muchos lo llaman obstruccionismo. Ambas lecturas contienen algo de verdad: hay una duda constitucional legítima y quizá también un uso táctico del procedimiento.
Si el bloqueo se prolonga, el riesgo mayor no es perder una ley, sino normalizar una forma de hacer política en la que cada instancia mide su fuerza vaciando de contenido a la otra. El presidente de la comisión, ha condicionado una nueva sesión a un consenso con la oposición; la presidenta, por su parte, pidió unidad. Son gestos que se cruzan sin encontrarse. Y mientras tanto empieza a circular, como sombra, la discusión sobre una eventual disolución de la Cámara de Diputados, escenario extremo que habla menos de derecho que de desgaste.
Hay además un costo que rara vez se contabiliza: el de la credibilidad. Para el oficialismo, ver detenida su principal iniciativa a menos de tres meses de iniciado el mandato alimenta la lectura de una luna de miel muy corta. Para la oposición, quedar asociada a la demora en medidas contra la inseguridad o ante El Niño puede salir caro. Ambos bandos arriesgan lo mismo: que la ciudadanía concluya que el Congreso discute sobre sí mismo mientras los problemas esperan.
¿Qué cabe esperar? Esencialmente, tres caminos. Un acuerdo con cambios acotados, que exigiría concesiones de ambos lados y una definición clara de hasta dónde puede modificar el Senado. La votación del texto de Diputados tal como llegó, que dejaría satisfecha a la oposición pero insatisfecho al Gobierno. O la ausencia de delegación, que obligaría al Ejecutivo a transitar la vía ordinaria de los proyectos de ley, más lenta y más expuesta al debate. Ninguno es perfecto; todos suponen admitir que gobernar en un Congreso fragmentado es, antes que nada, un ejercicio de negociación.
Quizá ahí esté la lección. El Senado no se mide por la facilidad con que aprueba lo que el Gobierno pide, sino por su capacidad de discrepar sin paralizarse. Si lo logra, la demora habrá valido la pena; si no, el calendario y El Niño, pasarán la cuenta.
