Los que ayer defendieron la Patria, hoy enfrentan el abandono de quienes juraron protegerlos.
Parafraseando los versos de un poeta anónimo, surge una pregunta que debería estremecer la conciencia de todos los peruanos: ¿Qué han hecho los Jefes de Estado y Jefes del Comando Conjunto y Comandantes Generales de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con aquellos hombres, que entre los años 80-90, fueron enviados a enfrentar el terrorismo?
¿Quienes vistieron el uniforme, empuñaron sus armas y arriesgaron sus vidas por defender la libertad, la democracia y la integridad de nuestra Patria? ¿Qué ha sido de aquellos combatientes que regresaron de los campos de batalla para encontrarse, años después, perseguidos, procesados, condenados y encarcelados?
Los enviaron a combatir cuando el Perú ardía, cuando el terror amenazaba ciudades, pueblos y hogares, cuando miles de compatriotas vivían bajo el miedo y la desesperación. Cumplieron órdenes, enfrentaron la violencia y asumieron riesgos que pocos estaban dispuestos a afrontar.
Sin embargo, décadas después, muchos de ellos siguen enfrentando procesos judiciales por hechos ocurridos durante el enfrentamiento al terrorismo criminal, mientras sus familias soportan el peso del abandono, la incertidumbre y la humillación.
¿Dónde quedó entonces la gratitud de la Nación? ¿Dónde está el respaldo institucional de quienes ayer les confiaron la defensa del territorio y hoy parecen olvidar el sacrificio de sus vidas?
Durante casi treinta años, desde el gobierno de transición de Valentín Paniagua hasta nuestros días, sucesivas administraciones han tenido la responsabilidad política e institucional de atender esta problemática.
Sin embargo, persiste el cuestionamiento sobre la duración e imparcialidad de más de 900 procesos, las garantías judiciales, la aplicación de normas vigentes al momento de los hechos y el tratamiento que reciben militares y policías investigados o condenados por actuaciones vinculadas al enfrentamiento al terrorismo criminal.
La justicia debe investigar, juzgar y sancionar cuando corresponda. Nadie puede estar por encima de la ley. Pero tampoco puede ser instrumento de persecución, ni permitir que interpretaciones ideológicas sustituyan los principios de legalidad, imparcialidad, presunción de inocencia y debido proceso. La responsabilidad individual debe probarse; no puede presumirse por el uniforme, el grado militar o la institución a la que se perteneció.
¿Y qué han hecho realmente estas instituciones?“Abandonar a sus caídos y los que son procesados judicialmente por sus actuaciones tras las líneas enemigas”.
Y aquí aparece la mayor contradicción moral: mientras el Estado exige a sus soldados y policías que arriesguen sus vidas por la sociedad, no siempre demuestra la misma determinación para garantizarles protección jurídica, defensa institucional y un trato digno cuando enfrentan procesos por sus actuaciones en cumplimiento del deber.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tampoco pueden permanecer al margen de esta situación. Sus instituciones tienen una responsabilidad histórica con quienes integraron sus filas. ¿Y qué han hecho realmente estas instituciones?“Abandonar a sus caídos y los que son procesados judicialmente por sus actuaciones tras las líneas enemigas”.
Porque un país que olvida a quienes lo defendieron termina debilitando a quienes mañana deberán protegerlo.
Y hoy, cuando el Perú enfrenta nuevas amenazas del crimen organizado, la violencia y el terrorismo urbano, debería comprender que el respeto por sus instituciones también comienza por respetar los derechos de quienes las integran.
¿Qué has hecho, Perú, con tus héroes olvidados?
¿Con aquellos que en noches de sangre permanecieron de pie, mientras otros buscaban refugio y seguridad? ¿Con quienes entregaron juventud, tranquilidad y familia para que millones de peruanos pudieran vivir en libertad?
No se exige privilegio, se exige dignidad. No se pretende borrar la historia, sino impedir que la historia sea manipulada.
Porque quien defendió la Patria no merece un juicio, ni una condena anticipada; merece memoria, no indiferencia; merece reconocimiento, no abandono ni cobardía.
¡Qué triste destino el de una Nación que olvida a sus defensores! Ayer los llamó valientes, hoy los deja en soledad; ayer les exigió entregar la vida, hoy les niega reconocimiento y dignidad.
Y que quede escrito para las generaciones venideras: No hay honor en olvidar a quien cumplió con su deber, ni justicia cuando se condena sin la verdad esclarecida. Quien defendió nuestra bandera no debe ser abandonado, ni por el tiempo condenado, ni por la historia sepultado.
Porque una Patria que abandona a sus defensores no solamente traiciona su pasado: compromete también su futuro.
¡HONOR Y GLORIA A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL QUE LUCHARON Y DEFENDIERON LOS INTERESES DEL PERU ENTRE LOS ANOS 80 Y 90! COMUNISMO Y TERRORISMO NUNCA MAS EN EL PERU
