Rafael López Aliaga parece haberse convertido en uno de los mejores exponentes de esa lamentable manera de entender y ejercer la política.
Hay quienes parecen creer que la política es un corral en el que todo está permitido, que la prepotencia puede sustituir a la inteligencia, que el insulto puede imponerse sobre los argumentos y que las amenazas, por más grotescas y vulgares que resulten, son una herramienta legítima para conseguir aquello que las reglas democráticas no permiten.
Rafael López Aliaga parece haberse convertido en uno de los mejores exponentes de esa lamentable manera de entender y ejercer la política. Su particular estilo, cargado de expresiones ofensivas, mensajes de odio, provocaciones y amenazas, ha terminado por convertir el debate público en una suerte de espectáculo de mal gusto, donde la vulgaridad parece ser una virtud y la agresividad, una demostración de autoridad.
Lo del famoso Plan Morrocoy, con sus insinuaciones de contenido sexual y sus amenazas dirigidas al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, no fue una simple salida de tono ni una expresión desafortunada de alguien que perdió momentáneamente los papeles. Fue la manifestación de una conducta política que merece mucho más que una crítica circunstancial. Es la expresión de una forma de actuar que pretende amedrentar a las instituciones cuando estas no responden a sus intereses.
Pero la política, felizmente, no siempre termina como algunos la imaginan. Y esta vez el tiro ha salido por la culata.
Quien creyó que podía presionar, amenazar y poner contra las cuerdas al máximo organismo electoral del país, aparentemente confiado en que semejante despliegue de bravatas le permitiría conseguir sus propósitos, acaba de encontrarse con una realidad bastante menos complaciente: el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido un criterio que impide su pretendido retorno a la Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo 2027-2030.
Y aquí hay una cuestión que debe quedar absolutamente clara. No se trata de simpatías o antipatías personales hacia López Aliaga, tampoco de una disputa entre adversarios políticos ni de una decisión que deba interpretarse en función de quién resulta favorecido o perjudicado. Se trata de respetar las reglas constitucionales y legales que deben ser iguales para todos.
La Constitución no puede convertirse en una norma de aplicación discrecional, que se respeta cuando conviene y se pretende reinterpretar cuando constituye un obstáculo para las aspiraciones personales o políticas de alguien. La prohibición de la reelección inmediata de alcaldes no puede ser burlada mediante artificios, interpretaciones interesadas o mecanismos de sucesión concebidos para conseguir indirectamente aquello que no está permitido de manera directa.
No es aceptable pretender que, por el hecho de postular como primer regidor, quien ya ejerció la alcaldía pueda encontrar una puerta trasera para volver a ocupar el mismo cargo en el periodo inmediato siguiente. Eso, más allá de las explicaciones jurídicas que se quieran ensayar, supone intentar eludir el sentido de una disposición constitucional.
Podrá discutirse si el JNE debió establecer este criterio mucho antes, si correspondía anticiparse a una situación que era perfectamente previsible o si sus decisiones pudieron ser más oportunas y claras. Son cuestionamientos legítimos y forman parte del debate institucional. Pero una cosa es discutir la oportunidad de una decisión y otra muy distinta desconocer la obligación de hacer cumplir la Constitución.
Lo que tampoco puede admitirse es que, ante una resolución adversa, la respuesta sea amenazar al presidente del organismo electoral, anunciar denuncias penales y convertir la discrepancia jurídica en una nueva oportunidad para agitar a los seguidores y descalificar a quienes no comparten sus pretensiones.
La democracia no funciona bajo amenazas ni se administra a punta de bravatas. Las instituciones no están para satisfacer los caprichos de quienes creen que haber obtenido una importante votación les concede una suerte de licencia para hacer lo que les venga en gana.
Y es precisamente allí donde aparece la verdadera dimensión del problema. El Perú necesita políticos capaces de construir institucionalidad, de respetar las reglas de juego y de entender que los cargos públicos no son propiedad de quienes los ejercen ni mucho menos espacios desde los cuales se puede imponer la voluntad personal por encima de la ley.
La política no puede convertirse en una marranada. Tampoco puede reducirse a una sucesión de insultos, amenazas, vulgaridades y maniobras destinadas a conseguir por la ventana lo que no se puede obtener por la puerta principal.
Cuando se pierde el respeto por las formas, las instituciones y la propia dignidad del ejercicio político, la ordinariez termina convirtiéndose en una manera de hacer política y la bravuconería en su principal argumento.
López Aliaga tendrá todo el derecho de cuestionar la decisión del JNE y recurrir a las instancias que considere pertinentes. Lo que no tiene es el derecho de pretender que las instituciones se sometan a sus amenazas ni que la Constitución se acomode a sus aspiraciones.
Esta, como otras veces, la balandronada no le sirvió. Y su pretendido regreso al sillón municipal de Lima ha encontrado un límite que debió tener presente desde el principio: en democracia, las reglas no se hacen a la medida de los candidatos. Se cumplen.
Porque una cosa es ganar una elección y otra muy distinta creer que se ha ganado el derecho a pasar por encima de la Constitución.
