PREOCUPANTES DUDAS DEL EJECUTIVO CON RESPECTO A LA INVERSIÓN PRIVADA

El Gabinete de Alberto Otárola empieza a mostrar todas sus costuras y limitaciones con respecto al crecimiento, la inversión privada y el proceso de reducción de pobreza. Algo que puede convertirse en un grave problema en el actual momento de recesión económica.

Gobierno presenta dos posiciones opuestas en temas cruciales para el crecimiento

 

No se puede negar que la gestión gubernamental actual, de una u otra manera, representa la luz frente a la sombra si se le compara con el proceso destructivo que desató Pedro Castillo. Sin embargo, una de las consecuencias más desorganizadoras de Castillo fue el bloqueo y postergación de todas las inversiones en el mediano y largo plazo. La tendencia decreciente de la inversión privada en la última década, simplemente, se convirtió en parálisis con la llegada de Castillo al poder.

Hoy la recesión de la economía puede tener diversas explicaciones, tales como la violencia del año pasado, el fenómeno de El Niño y el no inicio de la primera temporada de pesca. Sin embargo, si la inversión privada creciera sostenidamente –como lo hacía una década atrás, por encima de dos dígitos– no habría existido evento político o climático que lanzara a la recesión a una de las economías más pujantes de entonces. La recesión actual que amenaza con incrementar la pobreza a un tercio de la población, pues, se explica por la crisis política que se ha convertido en endémica y por la consiguiente caída de la inversión privada.

El modelo económico nunca funcionará si la inversión privada no crece sostenidamente. ¿Por qué? Porque ella representa el 80% del total de lo invertido en el país, representa el 80% de los ingresos fiscales del Estado y provee más del 80% del empleo en los mercados formales e informales. Para entender la magnitud del aporte privado al país basta señalar que los organismos multilaterales señalan que el 80% de la pobreza reducida en las últimas tres décadas (desde el 60% de la población hasta el 20%, antes de la pandemia) se explica por la generación de empleo en base a la inversión privada. Si hoy la economía entra en recesión y la pobreza puede llegar a un tercio de la población, todo tiene que ver con la caída de la inversión privada.

En este contexto, el Ejecutivo parece no entender qué significa relanzar la inversión privada, y se da el lujo, como se suele decir, de presentar un gabinete bifronte con respecto a temas esenciales para relanzar el crecimiento. Por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola y el titular de Economía, Alex Contreras, han manifestado su oposición a que los contratos vencidos de algunos lotes petroleros sean adjudicados directamente a PetroPerú, una empresa estatal en quiebra y que representa una sangría fiscal de más de US$ 6,000 millones para los contribuyentes. Sin embargo, el titular de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera, contra viento y marea, implementa la decisión de adjudicar los mencionados lotes a PetroPerú. ¿Se puede creer acaso que el titular del Minem está en rebeldía con respecto al Gabinete en general?

Sin desconocer las interesantes reformas desregulatorias, los procesos de simplificación administrativa para destrabar proyectos que se implementan desde el sector Energía y Minas, en cuanto a la minería, igualmente hay señales muy contradictorias. El titular del Minem, por ejemplo, señaló que el proyecto Tía María en Arequipa debería concretarse en el corto plazo. Sin embargo, Otárola precisó que el proyecto no estaba entre las iniciativas gubernamentales inmediatas.

Es imposible recuperar la confianza de los mercados, de los inversionistas, si el Ejecutivo presenta semejantes fisuras en temas vitales, tales como el del Estado empresario y proyectos mineros claves. Por otro lado, el Gobierno no se ha atrevido a derogar los decretos laborales del gobierno de Castillo, que prohíben la tercerización laboral, fomentan la creación artificial de sindicatos y liberalizan el ejercicio del derecho a huelga, con objeto de promover la guerra de clases entre empresarios y trabajadores. Menos todavía el Ejecutivo se ha propuesto restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que, en gran parte, explica el milagro agroexportador del Perú de las últimas dos décadas.

Es imposible combatir, enfrentar, el desastre recesivo dejado por el gobierno de Castillo, como se dice, sin apostar abiertamente y frontalmente por la inversión privada. Imposible.

TOMADO DE: El Montonero