La primera prioridad del Gobierno, del Congreso de la República y de todas las instituciones estatales debe ser actuar concertadamente, con diligencia, prontitud y firmeza contra bandas criminales y sicarios que asesinan y cometen diversos actos delictivos.
Ante ello, debemos saludar la decisión de la presidenta Fujimori de constituir un comando unificado militar-policial y de inteligencia compartida para impedir la expansión del delito, que ahora deriva hacia los secuestros.
Recordemos que según informe del Instituto Peruano de Economía ( IPE ) las denuncias por extorsión se elevaron de 4,761 casos registrados el 2021 a 26,270 el 2026; seis veces más en un quinquenio.
Por su parte, la socióloga Nicole Enrico Headrington sostuvo en el portal Ojo Público que esas denuncias se han multiplicaron por diez entre el 2020 y el 2025, tendencia que continúa el 2026.
En este sórdido contexto la prensa informa diariamente sobre crímenes contra transportistas y el Ministerio Público reporta que este año los delincuentes mataron 80 choferes y se produjeron 160 atentados con armas de fuego y explosivos.
La estrategia presidencial puede funcionar a mediano o largo plazo si involucra al Ministerio Público y al Poder Judicial, que son sumamente permisivos con el hampa, así como a los centros penitenciarios, convertidos en verdaderos depósitos humanos, sobre poblados, sin ningún control, donde se planifican muchos actos criminales.
Según informe sobre percepción de inseguridad ciudadana en el área urbana del país, presentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 86.7% de personas temen ser víctimas de un evento delictivo.
Las primeras medidas que anuncia el régimen son positivas. Entre ellas, encargar el control exterior de los penales a las Fuerzas Armadas para evitar el ingreso de armas y mercaderías prohibidas, recordando que en la última requisa realizada en octubre se incautaron docenas de celulares (35 en el penal Ancon l) chips, reuters para acceder a internet, pistolas, cuchillos, dinero y drogas.
En paralelo, es necesario poner en marcha la construcción de nuevas cárceles, provistas de equipos de tecnología de punta, similares al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CCT ) de El Salvador, local de máxima seguridad que puede albergar hasta 40 mil reclusos, un modelo exitoso impulsado por el presidente Bukele y replicado en Costa Rica, que ha construido un penal para albergar a 5, 100 reclusos en ambientes donde se han eliminado conexiones eléctricas enchufes y cables en las celdas.
En nuestro caso, tenemos 69 centros penitenciarios y la sobrepoblación excede 62 mil personas, con un índice de hacinamiento casi de 150% a nivel nacional, ámbito donde están recluidos 4 mil 777 internos venezolanos.
Atender esta crisis es trascendental porque el costo de la inseguridad asciende a casi 20 mil millones de soles, según estudios del Ministerio de Economia y Finanzas, suma que representan el 1.7% del PBI, equivalentes al presupuesto anual del Ministerio de Educación.
Ese es el reto para el régimen, al igual que atender los estragos que provocará el fenómeno de El Niño, que según todos los estudios científicos será devastador.
