MINISTRO DEL INTERIOR HIZO UN PAPELÓN EN EL CONGRESO
El titular del Interior, Víctor Torres, tuvo una desafortunada intervención en el Congreso donde, lejos de convencer a los presentes respecto a los cambios en la Policía Nacional, terminó enredado en una serie de imprecisiones legales y no supo cómo responder respecto a la creciente ola de criminalidad que hay en todo el territorio nacional.

La ley establece que el periodo de un director general de la PNP es por dos años con la opción de ampliarlo por uno más.
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Torres, a quien ahora varios congresistas le piden que de un paso al costado, no pudo precisar la causa por la que, con base a la Ley 31570, cesaron al general Jorge Angulo de la comandancia general de la Policía. Peor aún, argumentó como pretexto que dicha norma legal «aún no estaba reglamentada».
Viene al caso precisar que el artículo 8 de la citada norma señala que el comandante general de la Policía puede ser cesado antes de la conclusión de su administración “únicamente” por las siguientes causales: muerte, solicitud de pase al retiro del propio director de la PNP, incapacidad física permanente, incurrir en falta muy grave, ser autor de un delito doloso (con sentencia firme del Poder Judicial) y la comisión de un delito flagrante.
Sin embargo, el titular del Interior pretendió defenderse de las críticas de los congresistas, argumentando que el general Angulo no había sido destituido, pese que la resolución publicada en el diario oficial El Peruano firmada por él y la jefa del Ejecutivo, precisa en los considerandos que no había cumplido con las metas propuestas, como si e general fuese el responsable político del desborde del crimen organizado en el país.
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No ha sido una destitución
“No ha sido una destitución, ha sido la culminación de las funciones que, de acuerdo a las atribuciones que tiene la señora presidenta [Dina Boluarte] de designar al comandante general de la Policía han sido dadas por concluidas”, manifestó Torres ante la Comisión de Defensa y Orden Interior del Congreso.
Acto seguido afirmó que como «la ley no ha sido reglamentada y es facultad de la presidenta designar a un nuevo comandante”.
En el colmo de sus excusas, Torres refirió que la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior ha abierto un proceso disciplinario contra Angulo, “porque la situación es delicada de acuerdo a todo lo que se puede apreciar”. En buen romance, como dicen, se lavó las manos.
Pero eso no es todo, el ministro responsable de la seguridad ciudadana admitió, ante el asombro de los presentes, que el trabajo de la Policía “no ha hecho posible que desciendan los índices de criminalidad en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere”. Repitiendo, con ello, el argumento oficial del gobierno utilizado en la resolución suprema, a través de la cual se pasó a situación de retiró a Angulo.
Torres dijo que no existe un “manoseo de la institución” policial y refirió que el hoy ex comandante general estuvo en ese puesto “más de un año”. No obstante, su gestión fue de 10 meses.
“Manoseo hubiera sido que el número 19 hubiera sido el (nuevo) comandante general. La moral de la Policía se mantiene en alto, ese cambio se debe al problema álgido de la inseguridad, la policía necesitaba un refrescamiento, no podemos hacer más de los mismo. Así lo ve el gobierno y [esto no se ha hecho] para vulnerar los derechos de un comandante general”, remarcó.
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califican de burla los argumentos del ministro
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Por su parte, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), quien preside la Comisión de Defensa y Orden Interno, calificó de “burla” los argumentos del ministro del Interior. Y precisó que la Ley N°31570 se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento. Agregó que es tarea del Ejecutivo su reglamentación.
La Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento pasó a sesión reservada a solicitud de Torres, a fin de que pueda brindar detalles sobre la agresión a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho.
Sobre este tema, el ministro del Interior solamente señaló que recibieron “información tardía” de los órganos de inteligencia.
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No puede sacarle la vuelta a la Ley, no se puede alterar la estabilidad de los altos mandos policiales
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