La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la cual se le exige al Perú que, mediante sus tres poderes del Estado, tome las acciones necesarias para que no se adopte o deje sin vigencia el proyecto de ley sobre delitos de lesa humanidad, terminó por agotar la paciencia de los representantes del Gobierno.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo que se coordina con los titulares tanto del Congreso de la República como del Poder Judicial, una respuesta conjunta para expresar el rechazo a la resolución de la Corte IDH.
“La Corte, de manera insólita y sin que exista jurisprudencia, dicta una medida cautelar contra un proyecto legislativo que ni siquiera se ha convertido en ley. El Perú es un estado independiente y soberano”, dijo.
En ese sentido criticó que la justicia supranacional busque impedir que los poderes del Estado peruano ejerzan sus funciones constitucionales. Por ello, ratificó su absoluta “indignación” en relación al fallo de la Corte IDH.
“Se me ha ordenado tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado para coordinar y emitir una respuesta conjunta, manifestando por supuesto el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional”, dijo.
En ese sentido calificó de “insólito y sin precedentes” lo resuelto por la Corte IDH. “Lo que resulta intolerable es que llame a los tres poderes del Estado de un país miembro y soberano para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas”.
LA RESOLUCIÓN
Hace algunas horas, el referido tribunal dictó medidas medidas provisionales para los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Mediante la resolución respectiva requirió al Estado peruano que “a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia” al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad”.
También dispuso que el Estado peruano presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de la resolución, a más tardar, el próximo 9 de agosto.
La Corte IDH dispone también que el Ejecutivo informe cada tres meses sobre las medidas provisionales adoptadas hasta que el tribunal decida que ya no es necesario; y le otorga a los deudos de las víctimas de los Barrios Altos y la Cantuta, la potestad de presentar sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas a partir de la notificación de los informes del Estado.
EL CONGRESO
Pese a la disposición de la Corte IDH, la Comisión Permanente del Congreso convocó para hoy (a partir de las 10.00 horas) a una sesión en donde se debatirá y someterá a segunda votación el dictamen que precisa los alcances de los delitos de lesa humanidad.
El dispositivo legal- que ya fue aprobado en primera votación por el pleno del Congreso-establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad que fueron cometidos antes del 2002.
