El gobierno demostró absoluta irresponsabilidad cuando el premier Alberto Otárola sostuvo que, para combatir la creciente inseguridad ciudadana, existía un “Plan Boluarte”.
Así lo dijo, sin rubor ni tapujos, respondiendo a periodistas que preguntaron si aplicarían el modelo Bukele.
Por supuesto que entonces, ni ahora, existe un programa coherente e interinstitucional para atender esta problemática, que angustia a la ciudadanía y afecta las inversiones.
Recordemos que este año 194 mil personas han sido detenidas por algún delito y 9 mil bandas criminales fueron desarticuladas, una cifra similar a la registrada el año anterior, que alcanzó a 269,473 arrestados y 10, 423 banda desactivadas
La situación se ha vuelto más grave ante las nuevas modalidades delictivas provenientes del exterior, especialmente de Venezuela, que exportó la sanguinaria organización del llamado Tren de Aragua, especializados en sicariato o muerte por encargo, que solo durante el periodo 2023-2024 han asesinado a 172 personas.
Otra forma de crimen son los préstamos “gota a gota”, sistema que consiste en ofrecer créditos inmediatos, sin garantías ni avales, para ser devueltos en 30 días con intereses altísimos que oscilan entre 10% y 40%; a quienes incumplen con pagar, los malhechores les propinan una paliza o matan.
A lo anterior agreguemos la explotación sexual de mujeres extranjeras, muchas traídas al país con engaños por mafias que las introducen en el sub mundo de la prostitución, cobrándoles cupos para que puedan ejercer su oficio en las calles; aquellas que infringen las reglas son golpeadas brutalmente, encerradas en cuartuchos sin alimentos durante días o muertas a balazos.
Las extorsiones también están en auge, principalmente en el sector transportes, donde los hampones cobran cupos a los choferes para que puedan circular. De no hacerlo, sus unidades son atacadas con piedras o vandalizadas. Recientemente centenares de conductores de ómnibus, micros y otras formas de transporte masivo realizaron una contundente protesta porque no cuentan con seguridad para trabajar.
En ese contexto, subrayamos la escasa o nula vigilancia en los 7 mil kilómetros de frontera que tenemos con Chile, Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, donde existe contrabando de oro ilegal, camionetas, mercaderías, armas, narcotráfico, caza ilegal e ingreso de migrantes sin control.
Esa extensa frontera «involucra a 9 regiones, 84 distritos y 29 provincias, donde viven 1 millon 412 mil personas, de los cuales 280 mil son indígenas» según reporte de EC.
Asimismo, esta semana hemos visto el infame ataque al Grupo Terna de la PNP, que realizaba un operativo antidrogas en el centro de la capital, en la zona de Manzanilla. Los policías fueron agredidos cobardemente con palos y piedras por sujetos que inclusive exhibían armas de fuego y que llegaron al extremo que intentar quemarlos vivos.
Ante ello, los ciudadanos preguntan por qué no hicieron uso de sus armas de reglamento y abatieron a los delincuentes, si están facultados legalmente de acuerdo al artículo 20 del Código Penal que los eximen de responsabilidad. La respuesta la han dado el ministro Santivañez y el general Garrido: no lo hacen porque los fiscales pueden ordenar su arresto, como ha sucedido en varias oportunidades.
A pesar de estos hechos la PNP despliega una labor valerosa y eficiente para contener el tsunami delictivo.
Lo hacen a pesar de sus precariedades y limitado numero de efectivos. En 1990 existían 125,546 efectivos. Hoy cuentan con 130,189, en circunstancias que en los 33 años transcurridos la población ha aumentado en 11 millones 600 mil seres humanos. La brecha es de 40 mil agentes faltantes, lo que incide mucho en la seguridad.
A lo dicho debemos agregar otras carencias, todas ellas graves, que abordaremos en el siguiente artículo.
