NICANOR BOLUARTE: Juez Concepción Carhuancho impuso prisión preventiva por 36 meses a hermano de la mandataria

El juez Ricard Concepción Carhuancho dictó prisión ,la tarde de hoy martes preventiva contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, imputado por el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. La decisión fue sustentada en los peligros para el desarrollo normal de las averiguaciones de la Fiscalía.

el parentesco del investigado con la mandataria Dina Boluarte, le daría un poder de facto podría incrementar su riesgo de fuga.

Con base a ello, se oficiará a la Policía Nacional una orden de búsqueda y captura del hermano de la mandataria para que se haga valer la medida de prisión preventiva. Por ahora, Nicanor Boluarte se encuentra en condición de «no habido» desde el domingo 17.

¿De qué se le acusa a Nicanor Boluarte?

  Nicanor Boluarte enfrenta cargos por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo genérico.

  En base a estas imputaciones, el Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para él y otros cinco implicados, argumentando el riesgo de fuga y la necesidad de garantizar el desarrollo de la investigación..

  A entender de la Fiscalía, esta organización criminal operaba con el propósito de facilitar la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú a través de prácticas ilícitas.

  Cabe recordar que este caso comenzó a investigarse en mayo de 2024, cuando el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) ejecutó una detención preliminar contra Nicanor Boluarte y otros implicados.

  Las autoridades sostienen que la red influía en la designación de prefectos y subprefectos, utilizando estas posiciones para consolidar apoyo político.

  De acuerdo con la Fiscalía, el grupo operaba bajo una jerarquía en la que Boluarte ocupaba la posición de liderazgo, “impartiendo directrices para el reclutamiento y la afiliación al partido político Ciudadanos por el Perú”, según documentos fiscales.

  Para lograr sus objetivos, algunos miembros de la organización criminal presuntamente exigían pagos a cambio de nombramientos, afectando regiones como Cajamarca.

  “El liderazgo de Boluarte dentro de esta red ha quedado evidenciado a través de reuniones y directrices impartidas para asegurar el control en las designaciones”, sostiene la fiscal a cargo del caso durante la audiencia reciente.

  La Fiscalía también ha tomado en cuenta declaraciones de testigos, como el exprefecto Armando Villalobos, quien aseguró que dentro de la organización Dina Boluarte y su hermano Nicanor eran conocidos como “La número 1″ y “El número 2″, respectivamente.

  Según Villalobos, Nicanor coordinaba directamente las designaciones, mientras que la presidenta tenía conocimiento de estas actividades. Estas afirmaciones forman parte de los elementos de convicción presentados en la investigación.

• Nicanor Boluarte: Hermano de la presidenta Dina Boluarte, señalado como líder de la red. Según la Fiscalía, dirigía las acciones para asegurar el control político y la afiliación partidaria.

• Mateo Castañeda: Exabogado de Dina Boluarte, acusado de ser el “brazo legal” de la organización criminal, facilitando los trámites para consolidar el control en las designaciones.

• Jorge Luis Ortiz Marreros: Exdirector general de Gobierno Interior, encargado de aprobar los nombramientos que el grupo gestionaba.

• Zenovia Griselda Herrera Vásquez: Responsable de proponer candidatos para ocupar cargos clave en diversas regiones.

• Jorge y Noriel Chingay Salazar: Coordinadores en Cajamarca, acusados de exigir pagos a cambio de garantizar designaciones específicas.

DATOS

  El juez Richard Concepción rechazó la aplicación de la Ley 32108 al considerar que esta norma fue modificada en varias ocasiones antes de su promulgación y carece de una justificación clara para los cambios realizados.

  Según el magistrado, la ley no puede aplicarse retroactivamente, y el proceso debe regirse bajo el marco legal anterior, específicamente el artículo 317 del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1244. Concepción Carhuancho argumentó que la aplicación de la nueva ley sería incompatible con la Constitución Política del Perú y la Convención Americana de los Derechos Humanos, citando principios de control difuso y de convencionalidad.

  Dejó claro que la decisión de aplicar la ley anterior obedece a una interpretación constitucional y un respeto a los derechos fundamentales.

  A su entender la aplicación de la Ley 32108 podría resultar en una vulneración de los derechos de los investigados, ya que su retroactividad afectaría el debido proceso.