OPINIÓN/ La urgencia del financiamiento privado a los partidos políticos

(El Montonero).- La Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, la ley sobre el financiamiento privado de los partidos, ya sea a través de personas naturales o jurídicas, hasta 200 unidades impositivas tributarias (UIT), superando el límite previo de 120 UIT. Igualmente se permite que un aportante contribuya hasta por 500 UIT a diversos partidos. En otras palabras, las empresas como tales podrán financiar a los partidos, como sucede en las democracias más consolidadas del planeta, siempre y cuando los aportes se realicen de manera bancarizada e informando a la autoridad tributaria.

El Congreso aprueba norma que representa un avance importante

Ante semejante decisión el progresismo nacional, que en las últimas décadas ha promovido diversas restricciones para el aporte del sector privado a los partidos y a la vida pública, a través de la ONPE ha desarrollado informes y opiniones señalando sus discrepancias con la nueva ley aprobada en el Legislativo. Lo cierto es que luego del referendo promovido por Martín Vizcarra, que estableció restricciones el aporte privado a los partidos, y luego de la feroz judicialización de la política, el financiamiento de los partidos fue extremadamente sobrerregulado y restringido a tal extremo que desató la informalidad y la irrupción de las economías ilegales en la vida pública partidaria. Por ejemplo, se prohibió el aporte de las personas jurídicas o empresas.

En ese sentido, la decisión del Congreso es un gran avance, aunque todavía insuficiente, para construir un sistema transparente y controlado del aporte privado a los partidos. Pero antes de seguir desarrollando el tema nos gustaría plantear un tema ideológico porque, inevitablemente, la posición del progresismo nacional es totalmente ideológica.

La primera pregunta que pretendemos plantearnos es si es posible imaginar una democracia, un sistema republicano o una sociedad abierta si una abrumadora mayoría de la economía no está bajo control del sector privado. O para ser más directos y frontales, la pregunta sería si la democracia es posible sin el capitalismo. Y la respuesta, obviamente, es negativa. El sistema republicano y las libertades solo han prosperado en sociedades en donde el capitalismo se desarrolla sin cortapisas. Por estas razones en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte y en algunas sociedades islámicas no hay libertades ni contrapesos institucionales. En otras palabras, la historia de la humanidad nos ha demostrado que si la economía no está controlada por una mayoría abrumadora de privados no hay libertades.

China es una excepción a la regla de la historia universal, porque un sistema de partido único, excluyente de la pluralidad y la democracia, desarrolla un capitalismo de Estado que sorprende al mundo. Sin embargo, como dicen los profetas, todo está por verse. ¿La impresionante cantidad de clases medias que crea el modelo chino aceptará el sistema dictatorial y excluyente?

Lo cierto es que, en las democracias más longevas – es decir, en Estados Unidos y el Reino Unido– el reconocimiento de que sin capitalismo no hay libertad es unánime, más allá de las influencias del progresismo. De allí que el financiamiento de los partidos a través del sector privado tienda a la desregulación general, siempre y cuando los aportes sean bancarizados e informados ante la autoridad tributaria.

El modelo de las democracias más longevas debería ser el modelo exacto del Perú, sobre todo considerando la manera cómo ha fracasado la propuesta progresista de restringir el aporte privado hacia los partidos y el sistema público nacional. Si hoy las economías ilegales irrumpen en la política a través de la influencia en los municipios, las regiones, el Ejecutivo y el Congreso solo se explica por las murallas levantadas en contra del aporte del sector privado formal a los partidos. La idea de un Estado redistribuidor de la riqueza se ha trasladado al concepto de un Estado redistribuidor de los recursos hacia los partidos con el objeto de empoderar a una burocracia o una casta que pretende controlar la política sin organizar partidos ni ganar elecciones.

Por todas estas consideraciones, felicitamos al Congreso por la nueva ley que amplía el aporte privado a los partidos. Sin embargo, solo se trata de un pequeño avance ante la urgencia de un sistema transparente y directo de financiamiento a los partidos: desregular totalmente los aportes siempre y cuando sean bancarizados e informados ante la autoridad tributaria.