OPINIÓN/ Ejecutivo: no solo salvar la cara, sino la gobernabilidad del país

(El Montonero).- Es evidente que si cualquier peruano de buena voluntad observa los hechos desde el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones pasadas, la propuesta de asamblea constituyente y el golpe fallido que perpetró el eje bolivariano, el análisis de los resultados puede generar optimismo. Finalmente se mantiene la institucionalidad y avanzamos hacia las elecciones del 2026 y, a pesar de las bajas tasas de crecimiento y del descontrol del déficit fiscal, se preserva el modelo económico.

Desinstitucionalización y avance criminal afectan a la sociedad

Todos los países que cometieron el error de elegir al peor –desde Alemania y Japón hasta Venezuela– se sumergieron en largas noches de terror y destrucción de sus sociedades. En el Perú, elegir a Castillo nos ha costado un frenazo, una involución de una década en la lucha contra la pobreza (de 20% aumentó a cerca de 30%) y un desinstitucionalización generalizada –terribles niveles de desaprobación del Ejecutivo y del Legislativo– y una ola criminal que amenaza convertir al país en un Estado fallido. Sin embargo, una buena decisión en las elecciones del 2026 puede reorientar el curso del país.

Hasta el año pasado semejante situación podía llevar a algunos a sostener que el vaso estaba medio lleno, pero la continuidad de problemas como el avance de la ola criminal y de la minería ilegal, la desinstitucionalización general del Estado, el bajo crecimiento y el hueco fiscal podría generar situaciones complicadas para la próxima administración nacional.

Tenemos la certeza de que, en esta ocasión, la ciudadanía elegirá bien en las próximas elecciones nacionales y se distanciará de las estrategias progresistas que fomentaron el enfrentamiento entre peruanos y terminaron encumbrando a Pedro Castillo en el poder. La devastación causada por Castillo nos ha curado por algún tiempo de la demagogia y el populismo, tal como sucedió con la hiperinflación en los ochenta.

Sin embargo, si el Ejecutivo no avanza en la contención de la ola criminal, reorganizando una policía sobre la base de sus unidades especializadas –desarrollando gran capacidad en inteligencia– al lado de comisarías repotenciadas con infraestructura, tecnologías y armamento de última generación, ni se incrementa el número de efectivos policiales, el próximo gobierno estará desarmado en los primeros días de gestión. Asimismo, si el Ejecutivo no restablece el Estado de derecho en la provincia de Pataz, en La Libertad, y procesa a los mineros ilegales y a las bandas criminales, las actividades ilegales en minería se devorarán a la minería moderna y formal y el próximo Ejecutivo encontrará a diversas regiones mineras convertidas en verdaderas zonas liberadas de la Constitución y la ley.

De la misma manera, si el gobierno de Dina Boluarte no desarrolla algunas señales mínimas en economía –como una nueva ley de promoción agraria para relanzar las inversiones en agroexportaciones, o reducir y racionalizar los gastos del Estado para controlar el déficit fiscal– el próximo Ejecutivo no solo estará obligado a desarrollar un nuevo ajuste –no traumático, pero al final ajuste– sino que también deberá implementar un plan de reactivación económica de emergencia ante la sistemática caída de la inversión privada.

¿Qué pretendemos señalar? Que el gobierno de Dina Boluarte no solo tiene la responsabilidad de salvar la cara y recuperar algo de credibilidad en las encuestas, también tiene la obligación ética de salvaguardar el curso de la gobernabilidad en general. Si las tendencias destructivas que desorganizan la paz social, la institucionalidad y la economía continúan hasta 2026, de alguna manera el Ejecutivo estará entregando un país derrumbado y un Estado casi colapsado que avanza a convertirse en uno fallido.

No se trata, pues, solo de salvar la cara sino de seguir salvando al país que casi se desploma durante el gobierno de Castillo.