OPINIÓN/ La burocratización del Estado viene de la narrativa

(El Montonero).- Antes del cambio de ministro del sector Economía y Finanzas se anunció un shock regulatorio para reducir trámites y permisos y relanzar la inversión privada en el Perú. Se trata de otro anuncio más que se suma a varios que se plantearon algunos años y meses atrás. Sin embargo, todo parece destinado al irremediable fracaso. Nadie puede podar las excesivas sobrerregulaciones y la informalidad se sigue extendiendo en la sociedad.

Reflexiones sobre la urgente y necesaria reforma del Estado

¿Cómo explicar las sobrerregulaciones en municipios, regiones y ministerios que ahogan a la sociedad y al sector privado? Y quizá lo más grave, sobrerregulaciones que ahora son la principal causa de aumento de pobreza –con el bloqueo de inversiones- y aumento de informalidad con el alejamiento de las pequeñas unidades productivas de la legalidad por la imposibilidad de pagar todos los sobrecostos establecidos.

Los empresarios, los políticos y los técnicos, al parecer, no aceptan la tesis acerca de que detrás de la burocratización del Estado está el triunfo de las narrativas y los relatos del progresismo que ha construido sentidos comunes en la sociedad que demonizan a los empresarios y el sector privado. Si se le pregunta al promedio de periodistas, de políticos y ciudadanos en general, el sentido común señalará que las causas de los males nacionales están en “la explotación y voracidad de los empresarios”.

Muy pocos se atreverán a señalar que el 80% de los ingresos del Estado son aportes del sector privado –a través de los impuestos–, que el 80% del empleo es generado por los empresarios en los mercados formales e informales y que el 80% del total de reducción de pobreza en las últimas décadas, según el Banco Mundial, se explica por la inversión privada. Algo más: ante el fracaso de la política y los partidos políticos, en los últimos 30 años, lo que ha sostenido el Perú y ha evitado su disolución es el sector empresarial y la inversión privada.

Para la mayoría de los políticos siempre será más fácil y rentable demonizar al sector privado. Bajo esas narrativas, por ejemplo, el Estado se ha llenado de ministerios sin ninguna función objetiva y se ha expandido el gasto público a niveles extremos. Allí está la creación del Ministerio de Ambiente, de Cultura, de la Mujer y otras oficinas que solo se justifican con más sobrerregulaciones.

Por ejemplo, las fábulas en contra de la minería moderna que señalaban que ella era una amenaza para los recursos hídricos para consumo humano y la agricultura se convirtieron en la justificación de la creación del Ministerio del Ambiente, despacho que siempre debió ser una dirección más de un ministerio.

Igualmente, esas narrativas explican que las sobrerregulaciones para la minería se incrementaran de 15 a más de 265, y que el proyecto de la ventanilla única digital para la minería de la actualidad no avance ni se concrete. El relato acerca de la necesidad de controlar la voracidad empresarial siempre se impondrá.

La misma demonización se ha producido en contra de las agroexportaciones, la pesca industrial y otras actividades de la economía. El resultado: un Estado que incrementa sus sobrerregulaciones “para contener y controlar la voracidad empresarial”.

Hoy el Estado no solo es uno de los más burocráticos de la región, con sobrecostos y sobrerregulaciones que bloquean inversiones y generan informalidad, sino que consume cerca de un tercio del PBI nacional –a través de los gobiernos central, regional y local y las empresas públicas– sin brindar servicios mínimos para la sociedad, tal como se constata en el desborde de la ola criminal y la crisis del sistema de justicia.

Es incuestionable, pues, que la causa del surgimiento del Estado burocrático y enemigo del modelo económico consagrado en la Constitución está en las narrativas que demonizan al empresariado y al sector privado nacional.