Bolivia solicitó este miércoles 20 de mayo a Elizabeth García Carrillo, embajadora de Colombia en La Paz, «la conclusión de sus funciones diplomáticas», según un comunicado publicado por la Cancillería del Gobierno de Rodrigo Paz.
solicitó a la diplomática colombiana la conclusión de sus funciones en territorio boliviano y le otorgó el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes.
El Gobierno boliviano expulsó a la diplomática por los comentarios del presidente colombiano Gustavo Petro sobre las protestas de los bolivianos, que fueron calificadas por Paz como una«injerencia».
Esto último, luego de declarar persona non grata a la embajadora de Colombia en el país, Elizabeth García, y ordenó su expulsión este 20 de mayo de 2026 por lo que consideró injerencias del presidente Gustavo Petro en asuntos internos bolivianos relacionados con la situación judicial de Evo Morales.
Según informó la cancillería de Bolivia, la decisión responde a la “injerencia constante” del mandatario colombiano y a un presunto apoyo al “movimiento desestabilizador” que, en opinión de las autoridades bolivianas, afecta la democracia del país andino.
La medida fue oficializada mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en el que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira aseguró que la decisión se tomó “en ejercicio de sus atribuciones soberanas y en estricto apego al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”.
En el documento, la cancillería boliviana informó que solicitó a la diplomática colombiana la conclusión de sus funciones en territorio boliviano y le otorgó el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes.
Continúan los bloqueos
Es importante anotar que el país del altiplano vive en las últimas semanas un estado de convulsión social. En efecto, dos semanas de iniciados los bloqueos en Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, la protesta se extiende territorialmente: este miércoles, el país amaneció con 47 piquetes en seis regiones.
Según reportes de medios locales, los bloqueos se concentran en los departamentos de La Paz y Oruro —donde inició esta medida de presión—, pero también hay nuevos puntos en Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.
Las manifestaciones exigen la renuncia del presidente Paz, tras una acumulación de reclamos sectoriales, entre ellos de incremento salarial, de mejoras en la calidad del combustible, y contra una ley de tierras que permitía modificar la categorización de las propiedades agrarias.
Si bien el Gobierno logró desactivar algunos focos de conflicto y negociar acuerdos con ciertos sectores, la protesta se mantiene y los pedidos (y las formas) se radicalizan.
El lunes fue la jornada de mayor violencia en La Paz con la confluencia de tres marchas que se enfrentaron con la Policía; los medios bolivianos reportaron ataques a oficinas públicas y a una estación del teleférico, además del uso de material explosivo, la quema de un vehículo policial y agresiones físicas a ciudadanos que no tenían nada que ver con el conflicto.
“Hay protestas pacíficas, y el gobierno está desde hace semanas atendiéndolas, y otra es la violencia que no va a tener ningún miramiento en la aplicación de la ley”, manifestó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, en una entrevista con radio El Deber.
“No vamos a permitir que la violencia se disfrace de demanda social”, agregó.
La Paz y El Alto, las dos ciudades más afectadas por los bloqueos, están prácticamente cercadas y con escasez de algunos alimentos de la canasta básica. También hay interrupciones en el servicio del transporte público, oficinas cerradas y algunos colegios han decidido pasar a modalidad virtual hasta que se recupere la normalidad.
En declaraciones anteriores, algunas autoridades acusaron al expresidente Evo Morales (2006-2019) de promover las protestas con el objetivo de “romper el orden constitucional” y señalaron que las movilizaciones son financiadas por el narcotráfico.
“Hay en marcha un plan macabro que va a fracasar (…) Nuestra lucha es contra esos poderes, que reciben dinero del narcotráfico y usan herramientas del terrorismo que buscan generar movilizaciones, bloqueos y métodos violentos para hacerse del poder a la fuerza”, manifestó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en una conferencia de prensa.
