El Colegio de Abogados de Lima (CAL) manifestó este lunes «su profunda preocupación» y rechazo ante la elección de Tomás Gálvez Villegas como nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029, concretada esta tarde en una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos.
Salen en defensa de la ex fiscal Delia Espinoza, suspendida por la JNJ
La elección de Gálvez se produce en un escenario de alta tensión institucional debido a las investigaciones penales vigentes contra el magistrado y la reciente controversia por la salida de su antecesora, la también cuestionada y suspendida de la función pública, Delia Espinoza Valenzuela.
Según el gremio limeño, resulta alarmante que la representación de una de las instituciones más importantes del sistema de justicia recaiga en magistrados que actualmente enfrentan «graves investigaciones pendientes». Según el pronunciamiento del CAL, esta situación no tiene precedentes en la trayectoria del Ministerio Público.
“Resulta preocupante que las candidaturas a dicho cargo honorífico de representación institucional recayeron en algunos Fiscales Supremos que actualmente afrontan serios cuestionamientos legales y sendas investigaciones por graves imputaciones penales, incluido el propio señor Gálvez”, señaló el comunicado oficial emitido por la entidad.
El CAL enfatizó que el nombramiento de Gálvez Villegas «colisiona con la defensa misma de la legalidad», la que consideran «principio rector de la función fiscal» en todos sus niveles. En ese sentido, recalcó que los fiscales supremos tienen la obligación de ser el máximo ejemplo de respeto y observancia de las normas vigentes que protegen a la ciudadanía.
“La concreción de dicho nombramiento constituiría, a todas luces, un acto reñido con el ordenamiento jurídico”,sostuvo el pronunciamiento del gremio profesional.
En defensa de Delia Espinoza
Como es obvio, la postura de los abogados de Lima también pone el foco en el proceso que derivó en la salida de la magistrada Delia Espinoza de la titularidad de la Fiscalía. El CAL calificó este hecho como una medida ilegal, arbitraria e inconstitucional consumada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), señalando además que se han obstaculizado pronunciamientos judiciales previos que favorecían a la magistrada.
“La comunidad jurídica y la nación en general conocen los pormenores de la ilegal, arbitraria e inconstitucional destitución consumada por la Junta Nacional de Justicia contra quien accedió legítimamente y venía ejerciendo el cargo de Fiscal de la Nación titular”, indicó el documento de la Junta Directiva del CAL.
En este contexto, el gremio alertó sobre lo que consideran una instrumentalización y un presunto abuso de poder por parte de la JNJ para desplegar persecuciones sancionatorias selectivas contra magistrados. Según el CAL, este tipo de acciones vulneran el equilibrio democrático de poderes y el desempeño ético necesario para una recta administración de justicia.
