El Poder Judicial (PJ) dictó impedimento de salida del país por 18 meses contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y otros 6 investigados por un posible direccionamiento en el contrato para la distribución de material electoral en las elecciones del 12 de abril.
La medida judicial también alcanza a José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores.
La Fiscalía sustentó, este jueves, el requerimiento a fin de asegurar la permanencia de Corvetto Salinas, investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales.
En el requerimiento presentado ante el Poder Judicial, el Ministerio Público alegó que existe un riesgo de fuga, tras el hallazgo de documentos de viaje durante el allanamiento a la vivienda de Corvetto en Miraflores, el pasado viernes 24.
La Fiscalía detalló que, pese a que el investigado entregó sus pasaportes de Perú y de Italia, existe otro documento vigente que le podría permitir su salida del territorio nacional.
La orden judicial también alcanza a José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE; Juan Phang, suspendido subgerente de Producción Electoral de la ONPE; Juan Alvarado, representante de la empresa Servicios Generales Galaga; así como a Hilda Otoya, William García y Lilia Flores.
El caso
De acuerdo al Ministerio Público, los hechos investigados se relacionan con el presunto delito de colusión agravada, en este caso entre funcionarios de la ONPE y un proveedor durante el proceso de contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material electoral.
El requerimiento fiscal también cuestiona la forma en que se evaluó la capacidad de los vehículos propuestos por las empresas participantes para la distribución del material electoral.
Según los términos de referencia (TDR), las unidades debían contar con una capacidad mínima de 10 metros cúbicos, calculada a partir de las dimensiones consignadas en la tarjeta de propiedad del vehículo.
Sin embargo, durante la evaluación técnica el comité evaluador habría aplicado un criterio adicional que no estaba previsto con claridad en las bases del proceso: descontar dos metros correspondientes a la cabina del vehículo para calcular la carga útil.
A decir de la Fiscalía, este ajuste podía alterar el número de unidades consideradas válidas y, por lo tanto, el puntaje obtenido por cada empresa.
Esta diferencia, según el expediente, se refleja en los resultados de la evaluación: Hermes Transportes Blindados S.A. obtuvo 20 puntos al validarse 42 unidades vehiculares, mientras que Servicios Generales Galaga alcanzó el máximo de 50 puntos, lo que le permitió liderar la evaluación técnica con 97.78 puntos frente a los 77.54 de Hermes.
No obstante, el análisis económico muestra un escenario distinto: Hermes tenía una mejor oferta económica (95.14 puntos frente a 92.62 de Galaga).
El documento advierte que, de haberse aplicado un criterio de validación distinto que le permitiera alcanzar el tramo máximo de puntaje técnico, Hermes habría obtenido 100 puntos en la evaluación técnica y un total de 98.54 puntos, superando así la propuesta de Galaga.
El contrato cuestionado fue suscrito el 19 de marzo de 2026 entre la ONPE y la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. para el transporte de material electoral en todo el país. El monto del servicio ascendió a S/ 6 368 332,70, según el expediente fiscal.
