Ya no es un testigo más. El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE), Piero Corvetto, pasó a la condición de investigado por el Ministerio Público bajo el (presunto) cargo de colusión agravada, delito vinculado a las graves irregularidades registradas durante los comicios del pasado 12 de abril.
Precisamente, esta madrugada, efectivos de la policía y representantes del Ministerio Público allanaron la vivienda de Corvetto y de varios funcionarios de la ONPE relacionados con la contratación de servicios para las elecciones.
De acuerdo con la tesis fiscal, Corvetto habría incurrido en acciones que evitaron que parte de la ciudadanía emita su voto durante la jornada electoral. Según, la información consignada, el propio exfuncionario reportó que alrededor de 63,000 personas no votaron debido a demoras en el proceso.
“El Ministerio Público sostiene que Corvetto habría intervenido directamente en la contratación de la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., encargada del servicio de transporte de carga para el despliegue y repliegue del material electoral”, informó la agencia de noticias Andina.
Al respecto, el Ministerio Público advierte que en enero del 2026 se habrían establecido nuevos lineamientos que modificaban disposiciones del 2025, entre ellas la imposibilidad de presentar recursos impugnatorios tras la adjudicación de una licitación.
De igual manera se indica que Corvetto habría concertado con el proveedor Juan Charles Alvarado, gerente general de la mencionada empresa, con el objetivo de favorecerla en el proceso de contratación.
El Ministerio Público había solicitado la detención preliminar y el levantamiento del secreto de las comunicaciones contra el exjefe de la ONPE, argumentando un posible peligro de fuga; sin embargo, el Poder Judicial declaró infundado dicho requerimiento.
