Representantes de más de 160 mil docentes cesantes y jubilados agrupados en MACEP, demandaron al presidente encargado José María Balcázar tener ‘voluntad política’ para reglamentar la Ley Nº 32581 mediante la cual el Estado les garantizaría una pensión digna.
Norma dispone que los maestros jubilados y cesantes, de regímenes como el 19990, 20530 y el Sistema Privado de Pensiones; reciban una pensión mensual equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial (S/ 3,300 – S/ 3,500).
El profesor Guillermo Balabarca Dextre, coordinador de MACEP en la UGEL 7 de la Región Lima Metropolitana, arguyó que a pesar de los pocos días que le faltan para concluir su mandato, el presidente encargado podría elaborar el reglamento que beneficiaría a miles de docentes a escala nacional.
Dicha norma fue promulgada en abril de este año y busca garantizar una pensión digna para los maestros jubilados y cesantes del país. Tras vencer el plazo de 90 días establecido para que el Ejecutivo elabore el reglamento, y al no haberse hecho efectiva, miles de maestros procedentes de distintos puntos del país se encuentran en Lima para que se haga efectivo su reclamo.
La norma dispone que los maestros jubilados y cesantes (de regímenes como el 19990, 20530 y el Sistema Privado de Pensiones) reciban una pensión mensual equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial (S/ 3,300 – S/ 3,500).
El plazo de 90 días para que el Ejecutivo (a través del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF) publicara el Decreto Supremo reglamentario venció el pasado martes 14 de julio.
Aunque el Ministerio de Educación (Minedu) remitió toda la data solicitada y el padrón de potenciales beneficiarios al MEF, este último aún no ha finalizado ni publicado el reglamento.
Gremios de maestros cesantes (agrupados en organizaciones como el MACEP) han iniciado medidas de protesta y ollas comunes en diversas regiones, como Puno, exigiendo que el Estado cumpla con financiar y aprobar la norma, y hace algunos días en Lima.
Lo que se busca es que estos servidores públicos “obtengan una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida decente”.
